SALTA: Un juez muy cuestionado

La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el artículo publicado en el Periódico el Expreso sobre el Juez Federal Abel Cornejo.

El juez Federal Abel Cornejo fue propuesto para ocupar un lugar en la Corte de Justicia de Salta. Aquí una serie de cuestionamientos a su accionar en la Justicia Federal, que enturbian su postulación.

La postulación del juez Abel Cornejo por el gobierno de Juan Manuel Urtubey parece trazada por un acuerdo con Juan Carlos Romero y ha desatado algunas críticas. No se discuten sus antecedentes académicos que, a la par de Gustavo Ferraris o Guillermo Catalano, lo colocan en una posición de superioridad. El problema se ha planteado por sus posicionamientos políticos de años anteriores y un perfil polémico que lo ha llevado a enfrentarse con casi todos los jueces y fiscales de los tribunales de España y Dean Funes.

Algunos recuerdan que mientras integró el Consejo de la Magistratura tuvo posiciones que se leyeron como de defensa de los jueces acusados de obediencia política a Carlos Menem.

En la causa en la que se investigó a Juan José Galeano por los delitos e irregularidades cometidas durante su intervención en el caso de la explosión de la AMIA fue el único que se opuso a formular acusación. La votación computó 16 votos a favor y solamente la opinión de Cornejo en contra. Con posterioridad el Jurado de Enjuiciamiento tuvo por acreditado que Galeano había organizado y concretado el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que involucrara a un grupo de policías bonaerenses en el atentado a la AMIA en una operación “oculta” e “ilegal”. La negociación tuvo por finalidad armar una versión de los hechos para mostrar un culpable ficticio. Ese tribunal terminó destituyéndolo.

A fines de 2.003 también se negó a acusar al juez de San Isidro Roberto Marquevich que afrontaba las acusaciones de detención arbitraria de Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín. Otra vez la mayoría contó con 16 votos, contra los de Cornejo, el camarista Bindo Caviglione Fraga y la ultramenemista Lelia Chaya.

Cornejo no aparece ajeno a las operaciones políticas. Con anterioridad también fue cuestionado por favorecer los intereses del sector menemista del Partido Justicialista cuando en Agosto de 2.002 hizo lugar a un amparo presentado por dirigentes radicales salteños y suspendió las internas abiertas convocadas por el presidente Eduardo Duhalde.

Tuvo también críticas en La Rioja cuando se produjo un conflicto por la continuidad de Rubén Blanco como Juez Federal subrogante de La Rioja. El gobernador Angel Maza demandó al Estado Nacional, al Consejo de la Magistratura y a Blanco invocando que recientemente había ocupado cargos partidarios en el “Frente con Todos” y que demoraba la inscripción de la personería jurídica de partidos políticos nuevos que trataban de evitar una interna abierta con Carlos Menem. Blanco operaba entonces para el senador Jorge Yoma –que buscaba la reelección aprovechando la división peronista- e indirectamente para el menemismo.

Un dato que podría terminar con una investigación en los tribunales federales indica que Abel Cornejo, entre el año 2003 y 2004 se habría alojado en el porteño Hotel Presidente ubicado en Cerrito 850, que ofrece habitaciones de un valor no inferior a los U$S 200 por noche. Lo curioso es que el magistrado se habría hospedado de manera gratuita.

En ese hotel se alojaba y se aloja en la actualidad el ex presidente Carlos Saúl Menem y las especulaciones apuntan a establecer si concurrieron intereses políticos. En abril de 2.003 el bunker para la campaña del riojano y Juan Carlos Romero se instaló en ese hotel y desde una de las ventanas de sus habitaciones, junto a Juan Carlos Romero, saludó a sus seguidores la noche del 12 de Mayo y les aseguró que no los iba a defraudar. Un día después se bajó del ballottage y dejó la cancha libre a Néstor Kirchner.

El hotel es propiedad del ultramenemista Aldo Fuad Elías, amigo del desaparecido empresario Alfredo Yabrán, a quien le cedió una parcela para su entierro en el cementerio “El Memorial” de la localidad de Pilar (Bs.As.). Tiene instalada en la torre del edificio del hotel la antena de Radio 10, de propiedad del entonces ultramenemista Daniel Hadad, socio de Antonio Laje.

Elías sucedió como Director General de Aduanas al Brigadier ® Rodolfo Etchegoyen. Según un periodista de La Nación, Mariano Obarrio, investigaba una aduana paralela con 57.000 casos de contrabando de mercaderías, drogas y dinero. Sus familiares sostienen que su deceso no obedece a una decisión suicida. Curiosamente, la investigación inicial estuvo a cargo del juez Marquevich (4 de Julio de 1.997 – La Nación). El cargo que desempeño Elías también genera sospechas respecto de una institución sometida a posibles investigaciones por el juzgado federal de Cornejo.

Fobia al periodismo crítico

En reciente fallo el Juez Federal Nº 2 de Salta ordenó el archivo de la denuncia interpuesta por Abel Cornejo en contra del periodista Marco Díaz Muñoz por coacción agravada. En el Expediente nº 155/02 el Dr. Miguel Antonio Medina consideró que no existió ningún delito y que solamente se había cuestionado su proceder como juez, por lo que debe preservarse la libertad de prensa.

No son los únicos conflictos de Cornejo con la prensa. Antes de este episodio, en el año 2.002 se consideró coaccionado por Antonio Laje al tratar los pormenores de un juicio familiar por tierras en Villa San Lorenzo. Finalmente no aportó elementos suficientes para que se produjera una investigación. Nunca explicó los motivos por los que la reunión con el periodista se realizó un día sábado en la sede del ENREJA (Ente Regulador de Juegos de Azar) en compañía del ex Ministro de Gobierno de la Provincia de Salta Manuel Brizuela.

También formuló dos denuncias penales invocando la figura de la coacción agravada en contra del periodista Alvaro Guido Borella, respecto de publicaciones realizadas en el Semanario Cuarto Poder. Igual suerte corrió el abogado Carlos Saravia, a quien se lo acusó de forzarlo a dirigir la investigación del caso “Ragone” en contra de Joaquín Guil. El fiscal federal de Orán consideró que no existía una maniobra coactiva.

El periodista Alfredo Ramón Gerez también fue citado de manera compulsiva a la sede del Juzgado Federal nº 1 en dos oportunidades. Una por la publicación de una nota vinculada con la causa “Ragone” y otra por la difusión de un artículo en el semanario “Redacción” que motivó una denuncia del abogado Washington Alvarez que en esa época era amigo personal de Cornejo y con quien jugaba tenis en el “Sporting Club”.

Otra situación de fricción se produjo con el editor del semanario “Nueva Propuesta”, Juan Gonza, quien había reproducido los agradecimientos y las alabanzas que en años 4anteriores había proferido Abel Cornejo a favor de Ricardo Lona. Cornejo remitió una carta al medio en la que sostuvo que era inducido y respondía a intereses del ex camarista.

Está claro que este magistrado ha intentado amordazar a la prensa mediante el uso abusivo de la denuncia sin sustento.

Derecho y humano

Organizaciones de luchadores sociales y derechos humanos han anticipado que van a impugnar la propuesta de Cornejo. Hace rato que cuestionan su trabajo en la investigación de la muerte de Aníbal Verón en los graves episodios de General Mosconi hace siete años.

Para el periodista Marco Díaz Muñoz y el padre Olmedo de La Quiaca, resulta inexplicable que siendo Cornejo el que ordenó la represión y dispuso que las fuerzas de seguridad cambiaran las postas de goma por balas de plomo, fuera el que luego investigaría los hechos. En los expediente existirían constancias de la orden de reprimir y entienden que no se responsabilizó nunca al ex gobernador Juan Carlos Romero por razones de dependencia política.

También han repudiado la sentencia que en el 2.003 dictó a favor del abogado Alberto Raymundo Sosa por la que ordenó que se borrara el registro de la CONADEP 92.036 en el que constaba su pasado como colaborador de la dictadura militar y compadre del represor Joaquín Guil, acusado de torturas y desapariciones de personas. La sentencia fue apelada exitosamente por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde. Semejante antecedente se contradice con el progresismo que vende el kirchnerismo salteño y, especialmente, el gobernador Urtubey. El abogado Sosa es concuñado del ex ministro Manuel Brizuela y fue abogado personal de Juan Carlos Romero y de la mayoría de los funcionarios que fueron acusados por actos de corrupción en la provincia. Los datos parecen ratificar la estrecha relación de Cornejo con la familia Romero y que la propuesta responde a una necesidad del ex gobernador.

El departamento

El Dr. Abel Cornejo, en el currículum presentado al Ministerio de Justicia provincial, dijo que vive en una casa de Los Paraísos N° 222 del Barrio Tres Cerritos. El inmueble figura con un 25% a nombre de su padre Abel Cornejo, un 25% de su madre Alicia Castellanos y un 50% de su esposa Agustina Frers. La casa se compró al matrimonio de María Carolina Nallar Dera y Rafael Américo Cornejo por la significativa suma de $396.000 el 30 de Octubre de 2.006.

Sin embargo, el departamento en que vivía Cornejo hasta que se casó por segunda vez aparece en una sospechosa transferencia. El departamento del tercer piso de calle Leguizamón y Mitre (3º D) figura como adquirido por sus padres Abel Cornejo y Alicia Castellanos el 5 de Marzo de 1.991. Posteriormente, el juez se mudó al barrio Tres Cerritos en la casa ubicada en calle Los Molles 106 cuando se casó por primera vez.

Las dudas aparecieron cuando el departamento fue vendido a Mariana Irene Angelina por la suma de U$S 90.000 el 9 de Febrero de 2.001, fecha que coincidió con la tramitación judicial del divorcio de Abel Cornejo y Verónica Gómez Naar.

Angelina es empleada de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y se desempeñaba en ese entonces como secretaria del ex camarista jujeño Hugo Mezzena. Sus ingresos mensuales no superaban entonces los $2.000 mensuales a pesar de lo cual se le otorgó un crédito hipotecario por la suma de U$S67.000. Los pagos a favor del Banco Nación se habrían descontado directamente de los haberes del juez.

El 1º de Noviembre de 2.005 fuera adquirido nuevamente por Alicia Castellanos de Cornejo, esta vez por la suma de $90.000 (pesos noventa mil), suma equivalente a un tercio del precio que supuestamente había pagado Angelina, aunque incluyendo la hipoteca preexistente. Para ese entonces, ya se había agotado el trámite del divorcio vincular y disuelto la primera sociedad conyugal.

Al día siguiente (2 de Noviembre de 2.005) el matrimonio Cornejo-Castellanos adquirió también el inmueble identificado con Matrícula Catastral 151.566, Sección G, Manzana 97, Parcela 35, Unidad Funcional 13 por la suma de $40.000.

Juez y periodista

María Pace trabajaba como empleada judicial en Buenos Aires y llegó a Salta en el 2.004 por pedido de Cornejo. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta la ubicó en el Juzgado Federal de Miguel Antonio Medina y también respondiendo a notas de Cornejo fue nombrada como Secretaria de Derechos Humanos de ese tribunal.

Hacia fines de 2.007 la Cámara Federal de Apelaciones sancionó a Pace con un apercibimiento por no excusarse en la causa “Ragone” cuando sostenía amistad pública con el nieto de la víctima. Coincidentemente, Fernando Pequeño Ragone durante ese tiempo interpuso denuncias contra los camaristas Horacio Aguilar y Roberto Loutayf Ranea, como también contra el Juez Federal Medina.

La Cámara también inició sumario en contra de Pace por acusaciones que le reprochaban la fuga de información en causas de derechos humanos. La denuncia fue interpuesta por el propio juez Miguel Medina y las actuaciones se suspendieron cuando fue designada como Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia. De inmediato nombró como su asesor a Pequeño Ragone, - y a su amiga la abogada de Derechos Humanos Tania Kiriaco-.

Abel Cornejo también fue acusado por el periodista Alvaro Guido Borella de entregar a un medio periodístico información judicial, copias de expedientes y de redactar notas que se publicaron con seudónimos. Borella agregó que los contenidos de las notas cuestionaban impropiamente el proceder de magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación. Entre ellos figuraban los camaristas Ricardo Munir Falú y Hugo Mezzena y los secretarios de la Cámara Federal Ernesto Solá y Leonardo Bavio.