Salta: Control social, criminalización y juicios irregulares contra luchadores populares

La intervención social y criminalización del derecho a la protesta, ejercido por el estado provincial y nacional, sobre reclamos de inclusión, realizados por desocupados agrupados en organizaciones con fines sociales, es garantizada por el poder judicial en la provincia de Salta, poder sumiso al poder ejecutivo, llevando a los más débiles y desprotegidos del sistema a juicios irregulares, intimidándolos y oprimiendo sus derechos, imputando, procesando y condenando a los actores sociales que piden por trabajo, salud y educación. El caso del irregular juicio donde se imputaron a desocupados por el presunto delito de incendio a una petrolera sin pruebas, y rechazando la presentación de testigos fundamentales para comprobar la inocencia de los acusados configuran la operación de control social desplegada entre el ejecutivo salteño y su poder judicial.

Este control social, se efectiviza impunemente quebrantando derechos garantizados, que son degradados y negados por quienes deberían avalarlos, respetarlos y cumplirlos, dándole la categoría de piqueteros, delincuentes, aplicándoles el Código Procesal Penal, modificado por el poder Legislativo, para acelerar el proceso de condena, para quienes se organizan en la lucha de estos derechos humanos.

Desde el gobierno provincial, se desenmarañó esté análisis, con la implementación del Plan de contingencia establecido como Tolerancia Cero, cuyo fin, como he analizado en otros artículos, tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a empresa multinacionales petroleras que operan en el Departamento San Martín, que posee los mayores índices de desocupación, desnutrición y desigualdad social de la provincia de Salta.

Este plan, efectiviza la contención en terreno ejercida por la policía, que opera con un protocolo, guía, que la faculta a reprimir las protestas sociales, de forma preventiva, sin intervención judicial, para evitar lo que estos conciben como un delito, sofocando el derecho a la protesta garantizado por la Constitución Nacional. De esta forma, el ejecutivo evade su responsabilidad de garantizar calidad de vida, desde ya deteriorada en las zonas donde se presentan los pedidos de inclusión, estableciendo que estos compatriotas son quebrantadores del orden público, y no el estado que excluye, aplicando políticas neoliberales, que enriquecen a grupos corporativos, petroleras multinacionales y empobrecen a la población. Esta idea, de contención de delitos, se convalida con la intervención de los medios de comunicación afines al gobierno, y a las corporaciones petroleras, reafirmando el discurso, que recae en los desocupados, en su categoría de piqueteros delincuentes, en desmedro de las luchas populares, afirmando esta idea en el imaginario colectivo.

La distribución de las riquezas el eje de la discusión

Es así, como se traslada el eje de la discusión social, las riquezas naturales, como el petróleo, el gas, se extraen, y se saquean en la argentina, las ganancias de estos recursos no renovables se reparten en grupos concentrados ya históricos en la argentina, beneficiados en dictadura como en democracia. El estado solo percibe el 15 % de las ganancias, quedando el 85 % para multinacionales petroleras.

Mientras el pueblo, cada vez tiene más necesidades insatisfechas, enfermedades de la pobreza ya erradicadas como la desnutrición, se presentan nuevamente, el hacinamiento está en aumento ante el difícil habitacional.

La concentración y apropiación de tierras ante el avance la frontera agroforestal, en especial la soja, expulsa a comunidades originarias, como a criollos, agrupándolos en bolsones de pobreza en las periferias de las principales ciudades de la zona, siendo el asistencialismo, la solución brindada por el estado provincial y nacional.

La distribución de las riquezas es el verdadero el eje de esta discusión, de ser equitativa, estigmatizados piqueteros, desocupados del sistema, disfrutarían de un trabajo genuino, y no bloquearían rutas, y el Código Procesal Penal seria aplicado en delincuentes y no en trabajadores hoy desocupados, habría mayor número de familias constituidas y no desmembradas como acontece hoy, los niños indígenas dejarían de morir por desnutrición, las madres indígenas dejarían de fallecer de cáncer de útero. En Salta se registra el mayor índice de muertes del país por esta enfermedad, habría más médicos y hospitales por cantidad de habitantes, habría un real estado de bienestar en la sociedad organizada, una mayor calidad de vida. Pero para que esto suceda, los gobiernos deben tomar una decisión y revertir este modelo de fracaso, y de exclusión, que beneficia a un grupo histórico en desmedro de la mayoría.