El Secretario de Salud Antonio de los Ríos declaró: “Esto ocurre por múltiples factores relacionados con las forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichis, que son reacias a la atención médica”.
Típico argumento de la casta política de la oligarquía salteña que es hacer responsable a la "cuestión cultural". Con este planteo racista buscan justificar la negación a los derechos a las comunidades por parte de los distintos gobiernos de turno. ¿Acaso es responsabilidad de la familia de las comunidades no tener acceso a agua potable, salud, vivienda y educación?
El gobierno sigue mostrando con este discurso y en sus políticas la discriminación, opresión y racismo ante las comunidades que tienen que enfrentarse cotidianamente a terratenientes y empresas que se apropian de sus tierras, a la represión policial ante la defensa de sus territorios, a ser reconocidos culturalmente, a lidiar con un sistema de salud deteriorado con faltante de insumos, ambulancias, equipos para diagnósticos, ni hablar del derecho a la salud intercultural que contaría con la creación de la función de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales. Esta última elemental medida permitirá evitar situaciones de violencia obstetricia como denunciaron de la comunidad Misión “La asamblea de dios”, una joven con seis meses de embarazo la obligaron a parir.
Se demuestra que los intereses de los gobiernos esta con los empresarios y no con las comunidades. Por ejemplo, según el boletín oficial de Salta Nº 19496 “concesiones de agua publica” a las multinacionales mineras, como a la canadiense Mansfield S.A el Estado le hace grandes concesiones como el uso de 7700 litros de agua por hora, durante las 24 horas del día, mientras en la zona del Chaco, no tiene acceso al agua potable, ni a trabajo genuino, ni a vivienda. Se desnuda la irracionalidad de un sistema capitalista que les permite a unos pocos amasar fortunas, y a otros los condena a morir de desnutrición, como hemos tenido que lamentar con 6 muertes de niños en el norte de la provincia.
Para evitar esta situación hay que invertir las prioridades la plata tiene que ir a salud, educación y vivienda. La deuda fraudulenta e ilegal no puede seguir siendo la prioridad. (LID)
Por Daniela Planes
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