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Salvador Mazza: Funcionarios ineptos acrecientan conflictos sociales y criminalización de la protesta

Ante el incremento del reclamo social de desocupados y comunidades originarias por trabajo genuino, de obras públicas y la bronca ante las promesas incumplidas por funcionarios del gobierno del peronista Juan Manuel Urtubey, la respuesta efectiva sigue siendo la criminalización de la protesta social, que contiene a los excluidos, en sus demandas.

3 de julio de 2015| copenoa |

Tal es el caso de las comunidades originarias que bloqueaban la ruta nacional 34, al ingreso sur de la ciudad fronteriza de Salvador Mazza, que pedían que el gobierno cumpliera con la promesas de trabajo en la zona. Marcos Segundo Cacique y Presidente de Comunidad originaria Guaraní La Bendición, que estaba en el bloqueo, declaro ante la prensa " el viernes pasado fue la última vez que viajamos a Salta y nos atendieron en el Gobierno y prometieron que las obras se iniciaban pero hasta hoy nadie apareció ni se comunicaron con nosotros".

Criminalizar la protesta, la solución

Durante la jornada del jueves efectivos del Escuadrón 60 de Gendarmería Nacional notificó a los referentes originarios que realizaban el bloqueo que deberían presentarse, el próximo lunes ante el Juzgado Federal en Orán. Iniciándose el proceso legal contra los referentes en la justicia federal, por impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes, como lo tífica el liberal código penal en su artículo 194, modificado con mayor pena durante la dictadura militar. El que sin lugar a dudas antepone una interrupción momentánea, ante la demanda de vida, prioridad de toda sociedad organizada.

El reclamo por fuentes de trabajo, por salud, tierra y viviendas, que es un derecho garantizado por las constituciones provincial y nacional, una vez más es negado, criminalizado, estableciéndose el estado salteño, con funcionarios incapaces en un negador de derechos.

Entre las demandas que solicitan los pueblos originarios se destaca la entrega de terrenos comunitarios, el acceso a obras públicas para generar fuentes de trabajo, como profesionales médicos para el Hospital Público de Salvador Mazza, el que se encuentra colapsado y la renuncia al cargo de gerente de la Dra. Carolina Campos entre otros reclamos.

Foto de Portada: Raúl Costes

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Diario de la criminalización de la protesta social en Salta - Marco Diaz Muñoz

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