El gobierno de San Juan se hizo eco de la preocupación de la población por el derrame de cianuro en la mina Veladero y "pidió evitar y/o limitar el consumo de agua" en las localidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto.
La medida, de carácter preventivo, se tomó en conjunto con la decisión del gobierno provincial de avanzar en la denuncia penal que alcanza a la empresa Barrick Gold, a fines de que que se investigue el vertido del líquido tóxico sobre el Río Blanco.
La presentación penal, que se instrumentó a través del fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Sanctis, busca determinar con la justicia del departamento de Jachál si existió delito en la maniobra que produjo el derrame y quiénes son los responsables. Según se informó oficialmente, el origen del incidente tuvo lugar debido a la ruptura de una válvula de la cañería madre del emprendimiento minero.
Además de la presentación realizada por De Sanctis, los dirigentes de la oposición y candidatos del Frente Progresista Popular, Saúl Zeballos y José Oscar Torres elevaron ayer otra denuncia para develar lo ocurrido en la mina Veladero. Según sus sospechas, allí se produjo una presunta comisión de delitos contra la salud pública, referidos a la posible contaminación del agua destinada al consumo humano. De la causa quedó a a cargo el titular de la Segunda Circunscripción Judicial, el juez Pablo Oritja, informó hoy El diario de San Juan.
Por su lado, Barrick Gold continuó en las últimas horas un procedimiento de monitoreo de aguas en la zona de influencia e informó que inició "un proceso de investigación interna" para determinar "las causas y los responsables, de existir, de este incidente, las que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública".
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