Servicios públicos en la era K: continuidad del esquema privatizador y festival de subsidios

Los tarifazos en debate. Bajo el kirchnerismo se desembolsaron subsidios millonarios a las empresas concesionarias; el macrismo los quitó y volcó sus costos sobre los sectores populares. Lo que tiene en común ambos gobiernos es que garantizaron y garantizan la ganancia de empresarial.

Una nueva sesión que se levantó por falta de quórum del oficialismo tuvo lugar este miércoles en Diputados. El tema a tratar era uno que fue ganándose la bronca de los sectores populares y que el gobierno defiende con uñas y dientes: los tarifazos.

Días previos a la sesión los distintos bloques de los oposición (peronistas, masistas) expresaron con cierta cuota de cinismo y demagogia su repudio a los aumentos tarifarios. La ex presidenta Cristina Fernández presentó un proyecto para retrotraer las tarifas de agua, luz y gas a montos del 1° de enero 2017.

Desde la izquierda, la banca del PTS-FIT también presentó un proyecto para ley para congelar las tarifas de los servicios públicos; y exigiendo la presentación de balances públicos de las empresas concesionarias para demostrar el uso que le dieron a los millonarios subsidios recibidos.

El ataque en curso a los trabajadores aplicado por el macrismo vía tarifazos, tiene una antesala en el festival de subsidios millonarios regalados sin control alguno durante la gestión kirchnerista y la preservación del esquema de privatizaciones de los 90. Pero tiene un origen en la década los noventa, cuando los planes neoliberales en auge posibilitaron la privatización masiva de los servicios públicos generando enormes negociados para los empresarios a través de las concesiones.

Desde aquel momento a esta parte los empresarios administradores de los servicios multiplicaron su rentabilidad con los distintos gobiernos de turno, sin control alguno sobre el uso de los subsidios recibidos, ni de los servicios prestados, sin inversiones para mantener las estructuras. En los últimos dos años lograron aplicar subas tarifarias de hasta un 1600 %.

La herencia noventista no se tocó durante la "dékada" ganada y se profundiza como fuente de negocios bajo este gobierno de CEOs. Antes y ahora la importación de gas y fuel oil sigue siendo necesario porque con el modelo privatizador avanzó a la par el deterioro de toda la matriz de producción de energía y combustibles, y con ello el déficit energético. Se sostuvo un “modelo de negocios basado en administrar la capacidad instalada, sin siquiera invertir para recomponer los generadores de electricidad que llegaron al fin de su vida útil. De esta forma, las ganancias de los operadores (tanto en la generación como en la distribución) tuvieron como condición la no inversión, es decir un desgaste sin reposición del capital fijo, con aval del Estado.”

Festival de subsidios en la era K

En el 2002 y luego de sancionada la Ley de Emergencia Económica se puso en marcha el congelamiento tarifario. Lo que intentó ser un salvavidas para afrontar la salida de la mayor crisis social, económica y política del país, logro transformarse y perpetuarse como un negocio redondo.

El festival de los subsidios otorgados bajo el kirchnerismo a las empresas administradoras de los servicios fue escandaloso. De 2007 a 2015 (inclusive) se pagaron 86.000 millones de dólares en subsidios energéticos. Estas mismas empresas durante la última década presentaron una escalada visible en cortes de luz por falta de suministro afectando a millones de familias trabajadoras. El abastecimiento energético del país sigue siendo insuficiente, a pesar de los miles de millones de dólares que salieron de los bolsillos de los trabajadores hacia ese sector estratégico.

Mientras Cristina Fernández defiende los subsidios regalados a las empresas privadas y los menciona como “salario indirecto”, cuando en realidad se trataba de una transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios.

Los subsidios ocuparon cada vez mayor peso en los gastos públicos. Recursos que se obtuvieron de la recaudación impositiva. El Estado al destinar porcentajes mayores para compensar a las empresas por las tarifas congeladas, desfinanció partidas importantes como salud y educación. Las arcas públicas se sostuvieron con un sistema impositivo regresivo, donde el kirchnerismo para mantener los ingresos rechazó cualquier eliminación del impuesto al salario, por nombrar sólo un ejemplo. Conclusión a los trabajadores les salió cara la fiesta de los subsidios y hoy pagan de su bolsillo el reajuste tarifario. Las ganancias capitalistas intactas.

A partir de los tarifazos a medida de las empresas -que antes dibujaban balances en rojo profundo- estas pasaron a mostrar ganancias exponenciales. En 2017 Metrogas ganaron en 2017 $ 774,8 millones, Gas Natural BAN tuvo una utilidad neta de $ 542,9 millones y Camuzzi Pampeana ganó $ 824,9 millones. De las energéticas, Edenor registró ganancias por $ 691,2 millones y Edesur obtuvo un balance negativo de $ 997,8 millones, porque las multas judiciales por los cortes de luz son muy altos.

Por la estatización de los servicios públicos

Las privatizaciones de los servicios públicos fue uno de los principales emblemas del triunfo del neoliberalismo en Argentina, causando la pérdida de miles de puestos laborales. El menemismo entregó un entramado de nuevos negociados a los grandes grupos económicos como los Roggio (Subtes BA), los Macri (Correo Argentino), los Cirigliano (trenes, responsables de la tragedia de Once), Marcelo Mindlin (Edenor), entre otros.
El kirchnerismo en 12 años de poder al frente del Gobierno no intentó desmantelar este entramado, sino que lo sostuvo con la entrega de subsidios financiados con dinero de la recaudación estatal, que no iban destinados a salud o educación. El congelamiento de tarifas, en realidad fue pagado con dinero de las grandes masas de trabajadores que aportan compulsivamente al sistema tributario regresivo del país, mientras a la par los grandes multimillonarios evadieron sus fortunas. Muchos de ellos como Dujovne, Aranguren, Caputo, los Macri y un largo etcétera entraron al blanqueo de capitales que Cristina impulsó, y ahora son los funcionarios que aplican el ajuste tarifario.

Para terminar con ese macabro sistema de concesión a lo grupos privados y enfrentar los tarifazos que atacan al bolsillo obrero cada vez más empobrecido en este gobierno de ricos, es preciso plantear la estatización de los servicios públicos bajo gestión de sus trabajadores y control de los usuarios populares. (LID)