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Stiglitz, Piketty y un nuevo apoyo que no conmueve a los “lobos” de Wall Street

La declaración es un respaldo a la postura del gobierno argentino en la negociación de la deuda, contra las pretensiones del sector de bonistas liderado por BlackRock –el llamado grupo Ad Hoc. Estos acreedores tienen bonos emitidos durante el gobierno de Macri que contienen Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) más restrictivas –para los acreedores– que las que tenían los bonos emitidos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

10 de julio

El cambio en las CAC se produjo luego del juicio que perdió la Argentina en Nueva York con el fondo Elliot y otros buitres, por bonos defaulteados en 2001. En 2005 y 2010 estos acreedores –que habían comprado títulos por dos pesos después del default– rechazaron ingresar a los canjes que realizó el Estado argentino, y continuaron litigando. Con apoyo del juez Thomas Griesa, pudieron bloquear los pagos de deuda del gobierno argentino (gracias a que los canjes de 2005 y 2010 habían mantenido la llamada prórroga de jurisdicción que permitía a las cortes yanquis decidir sobre la deuda soberana del país) desde 2014 hasta que llegaron con Macri a un generoso acuerdo.

Los prospectos de emisión de los títulos emitidos por Macri, imponen que si el gobierno alcanza un acuerdo con un porcentaje de los acreedores (66 % o menos según el título) para renegociar las condiciones de un bono, las mismas deben ser aceptadas por los restantes bonistas, limitando sus posibilidades de ir a juicio. BlackRock pretende que los bonos emitidos ahora, a canjearse por los que emitió Macri, tengan CAC más favorables para los bonistas, como las que tenían los títulos de 2005 y 2010. Contra esta pretensión se pronuncian Stiglitz y compañía.

En una columna publicada en el portal estadounidense Project Syndicate, los economistas dijeron que “si Argentina accediera a las demandas de un grupo de acreedores atrasados -en referencia a las pretensiones del denominado Grupo Ad Hoc-, crearía un precedente desastroso que retrasaría en más de una década el desarrollo de la arquitectura legal internacional para la deuda soberana”.

“En las negociaciones de deuda en curso, Argentina está utilizando la cláusula hábilmente y un grupo de acreedores ha propuesto retroceder y está presionando a Argentina para que la elimine”, subrayaron.

En la mirada de los economistas, ante la falta de un marco global para reestructuraciones de deuda, la Cláusula de Acción Colectiva (CAC) es “una medida prometedora que permite que avance una reestructuración donde sea aprobada por una gran mayoría del conjunto de acreedores”.

Destacaron que el nuevo estándar de las CAC fue desarrollado a través de un grupo de trabajo del Tesoro de los Estados Unidos y evaluado favorablemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2014.

“Se ha convertido en la mejor práctica de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y ha sido respaldado por el G20 como un elemento indispensable de la arquitectura financiera internacional para la deuda soberana”, enfatizaron.

En otro tramo del escrito, detallaron que “la propuesta de los acreedores es reemplazar las CAC con arreglos más antiguos, que podrían conducir nuevamente a la depredación de fondos buitres que un número creciente de países ha enfrentado en las últimas dos décadas”.

Esta es la segunda declaración internacional que promueven Stiglitz y otros prestigiosos académicos en favor del gobierno argentino. Seguramente no conmueva mucho a los lobos de Wall Street, considerando que desde el primer pronunciamiento hasta hoy, consiguieron arrancarle a Martín Guzmán casi USD 15.000 millones adicionales respecto de su oferta inicial.

Las reglas que estos economistas defienden, y que BlackRock pretende modificar, no son ningún límite a la usura de las finanzas internacionales ni a las crisis de deuda. Ni siquiera impiden que, en caso de crisis, la cancha esté abrumadoramente inclinada en favor de los acreedores, como viene mostrando la negociación argentina y las interminables concesiones realizadas por Guzmán para cerrar trato. Aunque removerlas le pueda otorgar en el futuro, ante un eventual escenario como el actual, márgenes todavía mayores a los grandes fondos para presionar todavía por más.

Pero aun si el gobierno se impone ahí donde esta vez Stiglitz y los académicos trazaron la línea, ya no en el valor de la oferta (que se infló fuerte entre la primer propuesta y la cuarta), sino en las condiciones legales, y hay acuerdo con la mayoría de los acreedores, cosa que está por verse, será un éxito pírrico. Seguirá pesando como un lastre la impagable hipoteca de la deuda, sumada a las exigencias que pueda traer el FMI, que espera en la cola para negociar después de los acreedores privados. La única salida a estas encerronas para por el repudio soberano de la deuda odiosa, que debe ir de la mano de otras medidas fundamentales como la nacionalización de los bancos y el monopolio estatal del comercio exterior. (LID)

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