Se debe a que la Cámara Federal de Apelaciones decidió efectivizar la detención domiciliaria exigida por la defensa del ex gobernador de facto.
El beneficio ya había sido concedido en abril por el ex juez Jorge Parache, pero no fue usado ante la insistencia de la familia Bussi de que sea traslado a Capital Federal.
Ahora resta que la justicia verifique el cumplimiento de los requisitos para que se aplique el traslado.
Es decir, la verificación del domicilio, la realización de un informe social que dé cuenta de la aptitud de la persona que asumirá el cuidado del procesado y los informes médicos y sicológicos.
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