TUCUMÁN Apocalipsis now, o el cinismo empresarial azucarero

Los proyectos de reformas laboral y tributaria anunciados por el gobierno nacional han despertado la algarabía en el mundo empresarial. No es para menos. Luego de anunciar que se avanzaría en acuerdos de flexibilización por sectores, pasadas las elecciones, el gobierno sacó de abajo de la mesa un proyecto de reforma laboral que implicaría una reducción inmediata de los costos salariales a partir de medidas como el “banco de horas”, la reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones, las limitaciones a los litigios laborales, y otras medidas profundas orientadas a un mayor avance en la precarización laboral con el régimen de pasantías, la eliminación de la responsabilidad solidaria de las empresas con los trabajadores contratados y, con la zanahoria del blanqueo laboral, la creación de la nueva figura del “trabajador autónomo dependiente”, a partir de la cual los empresarios podrán optar entre distintas formas de evadirse las obligaciones que establece la LCT y los convenios colectivos de cada rama.

Tan jugosa reforma laboral será acompañada por una reforma tributaria que anticipa una fuerte reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social y la reducción del impuesto a las ganancias, entre otros beneficios, que el gobierno intentará descargar sobre los hombros de los trabajadores y los jubilados a partir de una probable extensión de la edad jubilatoria.

Sin embargo, esta reforma tributaria viene acompañada de una modificación en las alícuotas de algunos impuestos menores, como son los impuestos a los productos electrónicos, las bebidas alcohólicas, y las bebidas azucaradas no alcoholicas.

Decimos que son menores porque representan apenas un 0,6% de la recaudación impositiva total, y la decisión del gobierno de modificar su gravamen no responde a la necesidad de cubrir el bache tributario que provocarán las otras medidas, sino a una decisión de corte netamente político y comercial.

En el caso de los productos electrónicos que se ensamblan mayoritariamente en Tierra del Fuego, la reducción del 17% a 0% de la alícuota es parte del anunciado plan de “reconversión productiva”, que estimula la desarticulación de este sector en beneficio de los productos importados.

En el caso de las bebidas no alcohólicas, el anuncio de un aumento de los impuestos del 8% al 17% esta desatando enfrentamientos dentro del sector, cuyos máximos referentes (COPAL en representación de Coca Cola, que aporta el 85% de la recaudación del sector) están pidiendo poner la lupa en la evasión impositiva los fabricantes de gaseosas de menor porte.

Estos anuncios, sumados a la disposición del gobierno nacional de bajar un 29 por ciento el precio del bioetanol que pagan las petroleras, dieron lugar a una nueva ola de titulares catástrofe en los principales medios de comunicación de nuestra provincia.

Desde el Centro Azucarero Argentino anunciaron que podrían haber 5000 despidos en la industria azucarera; el empresario Emilio Luque, que hace una semana estaba en el centro de las noticias por las denuncias de clientelismo electoral, habló de una “puñalada por la espalda” por parte del gobierno nacional y vaticinó una oleada de despidos comparable a los cierres de ingenios en 1966, con emigración al cinturón del conurbano bonaerense incluido.

Con esto no hacen otra cosa que demostrar que ante cualquier merma en sus ganancias, los empresarios responderán con un ataque más fuerte contra los trabajadores y los consumidores.

Desde el gobierno provincial aprovecharon estos anuncios para revalidar la idea de una “defensa de Tucumán” que sólo se refiere a los empresarios, quienes sacan buen provecho de pararse por encima de la grieta y jugar al oficialismo a dos puntas.

¿Qué peso tienen realmente estas medidas para el sector?

Un informe de IARAF para el sector afirma que el 50 por ciento del precio de las bebidas analcohólicas son los costos impositivos que las empresas transfieren al consumidor.

Si analizamos la estructura de los gravámenes vemos que el 28,9 % del precio al público de una bebida sin alcohol son impuestos nacionales; 9,34% tributos subnacionales; y 11,5% aportes al régimen de seguridad social.

Dentro de los gravámenes nacionales, el 16,66% del precio de venta final corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 5,89% a Ganancias; 3,99% a Internos; 1,74% al Impuesto al Cheque, y 0,61% a la tasa sobre distribución de utilidades

Es decir que el aumento de impuestos anunciado para las bebidas no alcohólicas se aplicaría sobre el 3,99 de los impuestos internos de este sector. Es decir un aumento bastante módico que, de todos modos, trasladarían a precios.

Además esta medida sería compensada por una fuerte rebaja en los rubros de mayor peso (los aportes a la seguridad social, ganancias, impuestos al cheque, y devoluciones del IVA) contempladas en la reforma, y que lejos de bajar la carga sobre los precios se embolsarán como ganancias.

En lo que respecta a la disminución del precio del bioetanol dispuesta por el Ministro de Energía, claramente representa un regalo a las empresas petroleras. Después de todo, el ministro Aranguren, ex gerente de Shell, ha sido designado con el mandato de buscar acuerdos con grandes multinacionales para el negocio de los hidrocarburos.

La producción de bioetanol a base de caña está concentrada en pocas manos: Ingenio Ledesma (Blaquier), Alconoa (Ing. El Tabacal), Ingenio La Florida (Rocchia Ferro), Ingenio La Fronterita (Coca Cola), Ingenio Concepción (Emilio Luque, con una inversión reciente para instalar una destilería), Energías Ecológicas del Tucumán (Julio Colombres, presidente de la CART), y los ingenios La Trinidad y La Corona.

Es decir que el impacto de esta medida, que aparentemente sería revisada por el ministro a pedido de los industriales, afectaría sobre todo a los ingenios más grandes del país, fraguando las expectativas de los grandes cañeros que viene reclamando el derecho a participar, a partir del régimen de maquilas, en el negocio de los biocombustibles. Por esa razón vemos a los dirigentes de la UCIT acompañar el reclamo de los ingenios.

Hay que aclarar también que desde hace más de una década los precios del bioetanol son protagonistas de un boom histórico.

Entre diciembre de 2010 y octubre de 2017 los precios de bioetanol a base de caña aumentaron nada menos que un 470%. Muy por encima de la inflación en sus estructuras de costos, y ha sido sostenido por una ley corte de naftas, con un cupo que va en aumento, y que atempera fuertemente el riesgo de sobreproducción garantizando la venta de todo lo producido. Una reducción de los precios como la que fue anunciada los retrotraería a los igualmente rentables niveles de 2016.

Enfrentar la agenda antiobrera de gobierno y los empresarios

Pasadas las elecciones el gobierno nacional abrió varios frentes de batalla para imponer lo esencial de su plan. Las modificaciones en los gravámenes de algunos productos regionales parecerían más una prenda de negociación con los gobernadores, a quienes les preocupa ante todo el tironeo por el Fondo del Conurbano Bonaerense y la compensación por la reducción de los ingresos brutos, porque hace a los recursos que garantizan la gobernabilidad de sus propios distritos.

Cuando Manzur y los gobernadores de PJ hablan de “gobernabilidad ida y vuelta” anticipan el toma y daca. Por esa razón el gobierno nacional optó por negociar todo el paquete de reformas al mismo tiempo y por ese motivo también, desde el gobierno provincial no dicen nada sobre los aspectos más regresivos de la reforma tributaria y mucho menos sobre la reforma laboral.

Semejante ataque solo podrá ser frenado en las calles, con la fuerza del pueblo trabajador exigiendo medidas de fuerza a las centrales sindicales y sindicatos por rama para paralizar el país. El Frente de Izquierda se pone a disposición de esta tarea llamando a fortalecer la organización en cada lugar de estudio y de trabajo.