TUCUMAN: El gobierno postuló a un ex funcionario de la dictadura como Vocal de la Corte provincial.

El Poder Ejecutivo tucumano remitió a la Legislatura provincial el pliego
de Francisco Sassi Columbres como candidato a Vocal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. El actual Fiscal de Estado se desempeñó como Secretario de Gobierno durante la gobernación del militar Antonio Merlo. ADC y ANDHES manifiestan que es insostenible que personas que demostraron no tener un compromiso con la democracia ocupen hoy puestos de tanta jerarquía.

"Es insostenible que personas que participaron activamente en puestos políticos clave del gobierno de facto, durante el cual se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país, ocupen hoy los estrados más altos de un estado democrático" manifestaron en una carta conjunta a los legisladores de la provincia de Tucumán la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la organización ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Ciencias Sociales). La misiva fue enviada en ocasión de estar desarrollándose el proceso de selección de un
nuevo Vocal de la Suprema Corte de Justicia de esa provincia.

"Este tipo de decisiones no es coincidente con la política nacional en
materia de respeto a los derechos humanos que se viene desarrollando en los últimos años", agregaron las organizaciones. Francisco Sassi Colombres se desempeñó como Secretario de Gobierno durante la gobernación del militar Antonio Merlo. Y en 1982 fue nombrado Fiscal de Estado.

También observaron que "la elección de un nuevo Vocal de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán constituye un acto político de gran trascendencia institucional para nuestra provincia". Si bien la constitución tucumana establece que la designación de un juez de Corte es atribución exclusiva de los órganos políticos, nada dice sobre las cualidades o condiciones que debe reunir esta persona. Esta ausencia es un vacío del que adolecen varios ordenamientos tanto a nivel nacional como provincial. A fin de subsanar este vacío legal en el año 2003 se dictó a nivel nacional el decreto Nº 222 por el cual, entre otras cosas, se establece que se debe ponderar en la selección de los candidatos a cubrir las vacantes en la Corte la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función.

Oas organizaciones ANDHES y ADC consideran que esta serie de características mínimas deben tenerse presente en toda selección de un vocal de Corte o Superior Tribunal de provincia. "Entre las exigencias básicas, el compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, cobran en nuestros días una real dimensión cuando estamos frente a la posible elección de un nuevo vocal
de la Corte tucumana que fue un importante funcionario durante la última dictadura militar" sostuvieron.

Fuente: comisioncampodemayo