Trabajo vuelve a ser ministerio, pero con funcionarios y abogados macristas

La designación del nuevo ministro Claudio Moroni, ex funcionario menemista, viene de la mano de quienes ayer fueron funcionarios y abogados del gobierno de Macri: profesionales en cumplir las exigencias ajustadoras y precarizadoras de los empresarios.

El gobierno de Macri no solo dejó desocupación, hambre y un endeudamiento criminal sobre los trabajadores y sectores populares. En su paso también dejó denigrados a Salud y Trabajo, pasando a ser Secretarias en vez de Ministerios, expresando así todo un paradigma: la salud pública es parte del “desarrollo social”, y el trabajo de “producción”, bajo lógicas asistencialistas y pro patronales.

Sostuvo la precarización laboral -que ya venia bajo los gobiernos anteriores-, y el salario de los estatales es uno de los que más poder adquisitivo perdió, el último año especialmente, contando para eso con la ayuda de Andrés Rodríguez de UPCN.

Luego de la asunción de Alberto Fernández el martes pasado, se confirmaron los principales nombres de quienes conformarán su gabinete, y que Salud y Trabajo volverían a ser ministerios.

En el Ministerio de Trabajo el nombramiento de Claudio Moroni como ministro genero expectativas entre les trabajadores sobre qué medidas concretas habrá, tanto para sus trabajadores como para las políticas que dependen de estas gestiones. En particular y de forma urgente debería empezar por aumentar el salario que se cuenta entre los más bajos del sector publico, terminar con los contratos basura de cientos de trabajadores y retrotraer todas las medidas que fortalecieron el abuso y las prerrogativas de las patronales contra los asalariados por parte de la gestión macrista.

Sin embargo, Moroni viene de ser un ex funcionario menemista y su rol principal será el de árbitro entre empresarios y trabajadores en el pacto social que prepara Fernández.

Más aún, el armado de funcionarios que acompañaría a Moroni encendió la alarma entre las y los compañeros del Ministerio, sobre todo el nombramiento de funcionarios y abogados que fueron parte del gobierno de Cambiemos.

Dos anuncios confirmarían la continuidad con la gestión bajo la órbita de Sica: Gabriela Marcelló y Josefina Sanz. La primera, abogada, quedaría en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que tiene en sus manos la normativa legal de las políticas laborales de aplicación nacional y en los convenios colectivos de trabajo. La continuidad de Marcelló fue solicitada por los dirigentes empresarios según ha trascendido en diversos medios. Cabe preguntarse sobre cual es el motivo por el cual dejar un área fundamental en la definición de la política laboral y los acuerdos entre capital y trabajo en manos de una funcionaria heredada del macrismo.

La segunda, Sanz, fue la Jefa de gabinete del ex ministro Sica, quedaría al mando de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Este puesto es estratégico ya que definirá sobre los conflictos de encuadramientos, inspecciones a sindicatos y el otorgamiento de personerías gremiales a las organizaciones de los trabajadores. La continuidad de Sanz no es menor. Por sus manos pasaba la firma del ministro Sica sobre todos los asuntos fundamentales del Ministerio. Sanz fue una pieza fundamental en la política publica del macrismo contra los trabajadores.

El caso paradigmático que encendió las señales de alarma fue el nombramiento a cargo de la Seguridad Social de Miguel Ángel De Virgilis, quien sonaba para la jefatura del gabinete del ministerio, que quedaría finalmente en manos de Leonardo Di Pietro.

De Virgilis es un amigo personal de Moroni, a quien acompañó durante sus anteriores gestiones en la SIGEN, la AFIP y Anses. En el 2009 De Virgilis fue subsecretario de Trabajo del gobierno porteño de Mauricio Macri. Con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional De Virgilis ocupo el cargo de Coordinador Técnico Legal de la Secretaria de Salud, bajo el ministerio de Jorge Lemus entre el 2015 y el 2017.

También formó parte del estudio Salvat, Etala & Saraví. Este estudio trabajó para el secretario de Cultura del macrismo, Hernan Lombardi, en la defensa legal del plan de despidos de 357 trabajadores de Télam. De hecho su hijo, Martín Ignacio De Virgilis, fue contratado durante el conflicto como planta permanente en el departamento de legales de Télam con un cargo jerárquico.

De Virgilis fue además funcionario de la Obra Social de Empleados de Comercio, y muy cercano de Armando Cavalieri; uno de los principales burócratas sindicales que ha transformado el convenio colectivo de su sindicato como el modelo de acurdo flexibilizador, precarizador y de salarios a la baja por excelencia. Habría que subrayar que otro abogado vinculado al sindicato, Alberto Tomassone, podría ser asesor del ministro de Trabajo.

Este combo de funcionarios que fueron parte del gobierno antipopular de la derecha empresarial ha sido funcional y verdaderos profesionales en cumplir los requerimientos de las patronales en cuanto a despidos y precarización laboral. Sus papeles como altos funcionarios del Ministerio de Trabajo tiene que poner en alerta a los trabajadores, del ministerio en particular pero a todos en general, que mayoritariamente se han pronunciado contra el ajuste y la precarización laboral. (LID)