Vendettas, y corrupción en la política salteña

Las acciones realizadas por actores sociales que participan en grupos políticos cuyo objetivo es la búsqueda de poder, no debe transgredir el orden instaurado por estas corporaciones, partidos políticos. El menoscabo de esta premisa reguladora, propicia el derrumbe de la paz social y la credibilidad en las instituciones en una sociedad organizada.

Las mutuas denuncias por actos de corrupción gubernamental, que involucran a integrantes del Partido Justicialista en Salta, desde diputados, funcionarios, el ex gobernador Juan Carlos Romero, y al actual gobernador Juan Manuel Urtubey y sus parientes, revelan la decadencia en el poder de estos grupos políticos, dispuestos a todo, para mantener el poder y sus beneficios.

La inacción del poder Judicial en estas denuncias de corrupción gubernamental, realizadas contra el estado, acelera la descomposición institucional, alentando la corrupción de estos grupos políticos, sin juicio y sentencia por los ilícitos denunciados. Dejando un claro mensaje en la sociedad de la connivencia existente entre poderes que deberían ser independiente. El poder judicial debe garantizar igualdad en el sistema para todos los ciudadanos, lo que en Salta definitivamente no acontece.

Asociación ilícita

Tal es el caso del ex gobernador y actual Senador Nacional, Juan Carlos Romero, acusado de corrupción, de utilizar el estado para enriquecerse durante sus 12 años de gobiernos. Romero ha evadido sistemáticamente los estrados judiciales, con la anuencia de magistrados nombrados durante sus tres mandatos, desde 1995 hasta el 2007. Para el Senador Romero, paradójicamente, la justicia está politizada, no da garantías de un proceso justo, es dependiente al poder ejecutivo, obedece al gobernador Urtubey.

Sobre Romero recaen denuncias por ilícitos que comprenden desde fraude a la administración pública en concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita en perjuicio del Estado Provincial. Son ochos causas judiciales que se le siguen en su contra en distintos juzgados.

Las denuncias sobre corrupción, entre ellas de apropiación de tierras fiscales, se acrecientan sobre funcionarios que fueron aliados de Romero, durante el periodo que este mantuvo el poder político, espacio donde se expandió esté prohibido e inmoral proceder de usurpar tierras del fisco, que beneficio a Romero y a sus aliados, ahora convertidos en incondicionales del actual gobernador Urtubey. Intentando confundir a la opinión pública sobre su enemistad política con el ex gobernador, Tal es el caso, del Diputado Provincial por el Departamento Anta Pedro Sández, denunciando al igual que Romero por usurpador de tierras fiscales, en el caso de Sandez en el Departamento de Anta.

El diputado Pedro Sández manifestó públicamente en la Cámara de Diputados el inicio de una vendetta, afirmando “Si quieren guerra, guerra tendrán”, apuntando a Romero y mafias que operarían en la competencia Judicial de Metan, entregando niños institucionalizados en adopción de forma irregular. Detallando que la hija de ex Ministra de Justicia de Urtubey y actual defensora general de la Provincia, María Inés Díez, adopto dos niña de forma irregular, lo que luego sería desmentido por Diez.

Sández también acusó a Romero de regalar entre amigos y funcionarios 400.000 mil hectáreas de tierras Fiscales y lo instó a presentarse en la Justicia.

Sández, Romeo padre y Juan Carlos una historia en común

Pedro Sández se inició en la política institucional como Senador por el Partido Justicialista desde el año 1983, hasta el año 1.987, apoyando al ex gobernador Roberto Romero padre del también ex gobernador Juan Carlos. Fue reelecto como Diputado desde el año 1.995, hasta el año 1.999, votando sin ninguna oposición 25 decretos de necesidad y urgencia en una noche, dictados por Romero, que arrojarían la cesantía de cinco mil empleados públicos en Salta, rompiendo el estado de bienestar social para instaurar el neoliberalismo y su fracaso en esta provincia.

En el año 2.000, hasta 2.001, su amigo y ex gobernador Romero lo nombro interventor del Municipio de Tartagal, luego de los estallidos de resistencia social ante la exclusión del neoliberalismo ocurridos en Gral. Mosconi y Tartagal, donde se cometieron cinco (5) asesinatos consumados por fuerzas de seguridad con responsabilidad directa de Romero, que persiguió y criminalizo el reclamo social.

El padre y el hermano de Urtubey

A las denuncias sobre apropiación de tierras fiscales, y de territorios de comunidades originarias, poseedoras ancestrales, también recae responsabilidad a un hermano y al padre del Gobernador Urtubey.

Sobre Rodolfo Urtubey, padre del actual mandatario hay una denuncia realizada por una comunidad originaria por intentar apropiarse irregularmente de 3.100 hectáreas de tierras fiscales en la finca Cerro Negro que los originarios manifiestan ser poseedores.

La maniobra de don Rodolfo para apropiarse de las tierras del fisco, radica en pedir a la Dirección General de Inmuebles en el expediente N° 29-743768 la anulación de los tres planos el N° 1903, 1904 y 1905 de Rosario de Lerma, obviando declarar sobre otros 20 poseedores de los terrenos ancestrales en los que viven puesteros y campesinos, que pretende prescribir a su favor.

Facundo Urtubey, hermano del Gobernador y titular de la Agencia de Promoción de la Provincia, también esta denunciado de apropiación de tierras fiscales, valiéndose en este caso de un vacío catastral para apropiarse de 1.036 hectáreas en el norte de la provincia. Facundo Urtubey se apropió y arrendo tierras fiscales que no tienen número de matrícula, ni cédula parcelaria en la Dirección General de Inmuebles.

Sobre la maniobra especulativa e ilícita, el hermano del Gobernador se conoció que este declaró en un expediente judicial, sobre juramento, que la firma SAN SRL que maneja su socio Sergio Mendoza tiene la posesión de las 1.036 hectáreas desde hace más de 20 años. Mientras en los registros públicos se documenta que SAN SRL se constituyó el 23 de diciembre de 1998.

Según denuncias públicas SAN SRL está arrendando por 50 mil dólares la cosecha a Hijos de Salvador Muñoz, con un contrato por tres campañas, en tierras fiscales.