Aunque el Gobierno dio marcha atrás con el decreto, se cuestionan aspectos de la iniciativa oficial, como la competencia de las comisiones médicas y la imposibilidad de litigar en el domicilio de las demandadas.
El Gobierno, desde que inició su sinuoso camino para la reforma de la Ley de Accidentes de Trabajo -que intentó primero por ley, luego por decreto de necesidad y urgencia y ahora nuevamente por ley- siempre ha argumentado que el objetivo era reducir la litigiosidad.
Pero, hasta ahora, (...)