La gravísima situación que afecta a la ciudad de Tartagal ha puesto sobre el tapete nuevamente el tema del desastre ambiental, así como el papel de gobiernos que atienden más a los grandes negocios que a las necesidades de la gente común.
Hace casi 3 años, el ex gobernador Romero aseguró que la lluvia que había producido la inundación en Tartagal “no se podía prever” y que era uno de esos “fenómenos que suceden cada 20 años” (Página 12, 10 de abril de 2006). En estos días, esa afirmación quedó cruelmente desacreditada. En estos días, el Ministro del Interior Florencio Randazzo repitió las primeras palabras e intentó desestimar cualquier responsabilidad de la acción humana. En tanto, diversos investigadores (como Canzani del CONICET, Seghezzo de FUNDAPAZ, Piacentini del Servicio Meteorológico Nacional y Norma Naharro, según menciona Crítica Digital de hoy) apuntaron a la tala indiscriminada y a las consecuencias de la llamada Ley de Ordenamiento Territorial. Una vez más queda en evidencia cuál es el interés mayor de nuestros funcionarios.
Resulta patético comprobar que unos días antes del desastre el gobernador Urtubey había firmado el acuerdo para la realización de la segunda etapa de las obras previstas en 2006, con la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por Inmac S.A. y Homaq S.A.. Preocupa también conocer que la primera de esas empresas sufrió una multa por extracción ilegal de áridos en la zona en junio del mismo año (AM840, COPENOA).
Ni siquiera por cuidar las formas se ha escuchado a ningún funcionario anunciar una investigación seria e independiente sobre las causas de estos desastres.
Como docentes e investigadores no podemos dejar de advertir que los gobiernos prefieren los negocios antes que la gente; nuestras condiciones laborales y salariales no son ajenas a esta disyuntiva. Si la investigación y el desarrollo se orientan sólo a quienes puedan pagar, las universidades incumplirán su obligación para con la mayoría del pueblo argentino. Por ese camino, seguirán produciéndose catástrofes como las de Tartagal, Santa Fe o la Universidad de Río Cuarto. La lógica del poder sigue socorriendo a los empresarios (como con los subsidios a las industrias) en desmedro de los demás
La urgencia impone nuestra solidaridad inmediata y efectiva para con Tartagal; y nuestro compromiso como docentes, investigadores y trabajadores, nos lleva a seguir luchando por la educación pública y la investigación y el desarrollo en pos de los intereses de la mayoría de los argentinos.
Por Comisión Directiva:
Jorge Ramirez, Gladys García, Carmen Hernández
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