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Asesorado por el menemista Dromi. Milei insiste con las privatizaciones que en los 90 dejaron una desocupación enorme

En varias entrevistas anticipó que profundizará el ajuste y que privatizará las empresas públicas. Recetas con aroma menemista que ya fracasaron y hundieron al pueblo trabajador.

23 de noviembre de 2023

El presidente electo, Javier Milei, fue entrevistado en los medios tras las elecciones y ratificó medidas que fueron parte de su plataforma electoral como privatizaciones, ajuste fiscal y renegociar el acuerdo con el FMI. Medidas que tienen aroma a la nefasta década de los noventa. No es casual el economista elogió en varias ocasiones a Menem y a Cavallo. “Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia”, “El primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia y arrancó mal", fueron algunas de las afirmaciones de Milei.

Milei confirmó que su plan económico será "de shock y con el compromiso de generar un equilibrio fiscal", y habló de déficit cero, en criollo ajuste. En 2001, Domingo Cavallo prometió "déficit cero" y terminó de hundir al país en la desocupación masiva y condujo a niveles de pobreza que superaron el 50%.

El presidente electo también sostuvo que privatizará los medios públicos, y reformará el Estado, que incluirá eliminación de ministerios. Las declaraciones de Milei fueron cuestionadas por los trabajadores públicos. Así, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), se declaró en “estado de alerta y movilización permanente”. También se realizarán asambleas en los lugares de trabajo, como en Télam, Radio Nacional y Televisión Pública, y lo mismo sucede en otras dependencias públicas como Conicet, Indec para discutir cómo enfrentar los posibles despidos.

Privatizaciones

"Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado” fue el fallido del ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, de Menem al anunciar el primer mandamiento del decálogo menemista de aquella reforma al informar las privatizaciones de los teléfonos, la radio, la concesión vial, entre otras. Una declaración en sintonía con las afirmaciones de Javier Milei que pretende recortar la obra pública y que se encargue el sector privado.

Dromi se habría reunido hace algunas semanas con economistas que trabajan con Milei, como Roque Fernández, también ex funcionario del gobierno menemista, para ofrecer un plan de trabajo para avanzar con las privatizaciones y podar el Estado, según reveló el diario Clarin.

En agosto de 1989 se sancionó la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, que fue lo que permitió la privatización de más de 60 empresas estatales, algunas de servicios esenciales como el abastecimiento de electricidad, transporte, agua, y gas. En la actualidad padecemos las consecuencias de ese saqueo con las concesiones que ofrecen un mal servicio.

Así, el menemismo profundizó un camino que ya había comenzado el plan económico de la última dictadura cívico-militar de 1976.

La privatización de los servicios públicos fue una de las recetas de los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a fines de los 80 y comienzos de los 90.

Ese proceso convirtió a las empresas estatales en un lugar de fabulosos negociados entre privados y funcionarios corruptos que terminaron empobreciendo el servicio y volviéndolo inaccesible para amplios sectores de la población. La contracara de esta tendencia fue el gran enriquecimiento de los sectores empresarios que resultaron adjudicatarios de las licencias.

En 1976, existían unas 148 empresas públicas, bajo el control del Estado nacional y unas 149 bajo control de Estados provinciales, municipales y mixtas. En 2001 sólo quedaban 15 en funcionamiento. Ahora Milei pretende ir por más.

Herencia neoliberal

En 1989, el llamado “Consenso de Washington” realizó una serie de máximas neoliberales impulsadas por organismos como el FMI y BM que constituyeron un verdadero golpe a las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora. La ejecución de estas medidas implicaron en la práctica una subordinación política y económica aún mayor de Argentina a países imperialistas como Estados Unidos.

También se hablaba de la “necesidad” de reducir el gasto público, de liberalizar los mercados, y con esos argumentos el país vivió años de ajuste que significaron, además del remate total de los servicios públicos, elevados índices de desocupación (sólo las privatizaciones dejaron 500 mil despidos) y de pobreza. Así como también el aumento de la injerencia del capital imperialista en la economía nacional. (LID)

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