CRÍMENES, CASTIGO E IMPUNIDAD Diciembre de 2001: cuando la Corte Suprema salvó a De la Rúa

El ex presidente fue sobreseído en dos ocasiones. El máximo tribunal confirmó esos fallos y lo excluyó de los responsables.

Fernando De la Rúa pasará a la historia argentina por la brutal represión en Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001, represión que se cobró la vida de decenas de personas. También será recordado por su huida en helicóptero desde la Casa Rosada, luego de haber profundizado el hundimiento económico y social del conjunto del pueblo trabajador, continuando la labor iniciada por Menem.

Ayer lunes fueron condenados por la masacre ocurrida en esas jornadas varios de los policías que actuaron, como así también el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza y el ex jefe de la Policía Federal en ese entonces. Sin embargo, De la Rúa no estuvo ahí en el banquillo de los acusados.

Como presidente fue quien declaró el estado de sitio en todo el país, por 30 días, en la tarde del miércoles 19 de diciembre de 2001. Desde ese punto de vista, fue el máximo responsable político e intelectual de lo ocurrido en esas jornadas. Sin embargo, la casta judicial lo salvó, al sobreseerlo en dos ocasiones por esa misma causa.

En primera instancia logró el favor del juez federal Claudio Bonadío. Más tarde sería la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Pero fue la Corte Suprema de Justicia la que terminó de sellar ese sobreseimiento, al rechazar un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los querellantes en el juicio por esta causa.

La resolución de rechazo al recurso fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. La Corte consideró que el mandatario actuó legítima y constitucionalmente y que, por lo tanto, no podía ser responsabilizado de lo que ocurría en las calles.

Sin embargo, como lo evidencian el conjunto de los testimonios de lo ocurrido en aquellas jornadas, es evidente que la brutal represión y las muertes no podrían haber ocurrido sin el aval del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema y la casta judicial salvó así a De la Rúa de estar donde debía estar, junto a Marthov y Santos, entre otros.