Casta Judicial.Tras la renuncia de Higthon: ¿cómo se eligen nuevos miembros en la antidemocrática Corte?

Luego de menos de dos semanas de la elección de Horacio Rossatti como nuevo presidente de la Corte Suprema, a través de una reunión de la que Highton no participó, ésta comunicó su renuncia a ese organismo, la cual se hará efectiva a partir del primero de noviembre. Highton era la única mujer en el tribunal (impulsada por Alberto Fernández cuando era funcionario de Néstor Kirchner) y había logrado en 2018 un fallo para continuar en su cargo tras cumplir los 75 años.

Highton de Nolasco votó en 2017, junto con sus pares Rosatti y Rosenkrantz, el fallo que le concedía el 2x1 al genocida Luis Muiña. Esa decisión tuvo que ser revertida por la institución después de una enorme movilización en Plaza de Mayo y le costó a la jueza un título de "Profesora Honoraria" que le había otorgado la Universidad Nacional de La Pampa.

Los motivos concretos de su salida no se conocen, ya que las diferencias que a veces trascienden al común de la población son por filtraciones o maniobras de sus miembros en conjunto con los medios masivos de comunicación. Sus integrantes, al no ser elegidos por el voto popular, no se ven obligados a hacer públicas sus posiciones y opiniones.

Todo queda a puertas cerradas del máximo tribunal que junto con el resto del Poder Judicial, pero en su grado máximo, goza de innumerables privilegios como salarios y jubilaciones que multiplican por varias veces las de un trabajador, la irrevocabilidad de sus cargos y eximición de impuestos, entre muchos otros. Constituyen una especie de casta cuasi monárquica. Todo eso con el aval y la complicidad de todo el régimen político tradicional, gobierne quien gobierne, con la única oposición real de la izquierda.

Con la salida de Highton se abre el interrogante de su reemplazo y cómo se dará este proceso. Según la Constitución, la designación de los ministros de la Corte es una atribución que le corresponde al Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, para lo que necesita conseguir dos tercios de sus miembros presentes en una sesión pública convocada a tal efecto.

La facultad del Presidente de la Nación está reglamentada por el Decreto 222/03 que establece ciertos criterios para la selección del candidato propuesto, como atender a las circunstancias relativas a la composición general de la Corte en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración regional y federal.

El decreto también señala que deben publicase el nombre y los antecedentes de quien se considere idóneo para la cobertura de la vacante en un plazo máximo de 30 días de producida en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días, así como en la página oficial del Ministerio de Justicia. El o la postulante por su parte deberá presentar una declaración jurada de sus bienes.

La última experiencia en Argentina a la hora de designar jueces de la Corte Suprema fue durante la administración de Cambiemos, cuando el entonces presidente Macri intentó sortear la necesidad de conseguir el voto de 47 de los 72 senadores, nombrando a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti a través de dos decretos. Finalmente, el Senado de mayoría del PJ-Frente para la Victoria terminó aprobando los pliegos de los dos jueces que, junto a Highton, luego votarían el 2x1 a los genocidas.

Según trascendidos, desde el Gobierno afirman poco probable que se haga la presentación de una nueva candidata (estaría confirmado que se propondría una mujer) en el plazo establecido de 30 días, en el marco de la campaña electoral hacia el 14 de noviembre. También prevén que será “muy difícil antes del cierre de las sesiones ordinarias, del 30 de noviembre”.

El sistema de elección es similar al del Procurador General. En 2019 el Gobierno no pudo avanzar en la designación para ese cargo de Daniel Rafecas, ya que no contaba con los dos tercios (47) de los senadores para poder aprobarlo. Todo indica que el escenario en este terreno será todavía más complejo que aquella vez para la administración de Fernández, ya que de darse resultados similares a los de las PASO, el oficialismo podría perder la mayoría en la Cámara Alta.

Más allá de quién sea la nueva integrante del máximo tribunal y cuando ésta sea elegida, ese organismo seguirá manteniendo su mismo carácter antidemocrático y de casta privilegiada que emite fallos que sólo benefician a la clase empresarial del país que continúan enriqueciéndose mientras cada vez más personas en el país caen en la pobreza.

Por ello, tal como sólo propone la izquierda, se vuelve necesaria la elección directa de los jueces por sufragio universal, la revocabilidad de sus cargos, terminar con las jubilaciones de privilegio de las que gozan, y que ganen un salario igual al de un trabajador promedio. Esas son algunas medidas que podrían empezar a plantear el fin de los beneficios materiales y el enorme poder con el que cuenta esa casta privilegiada. (LID)