La Vicepresidenta fue hallada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El juicio por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Lázaro Báez que comenzó en mayo de 2019, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada por el delito de administración fraudulenta.
A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.
Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.
Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.
La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico".
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