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Debate.Con la renuncia de Cabandié no alcanza, con la estrategia del lobby tampoco

Este martes el Diario Ar publicó una columna de Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima sobre la discusión abierta a partir del decreto de exploración off shore frente a Mar del Plata. Allí el autor criticó a quienes solo reclaman “la renuncia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que dirige una cartera cero gravitante respecto al debate sobre la estructura productiva del país”. Este reclamo limitado sería un techo al movimiento socioambiental y propone que el próximo paso sea “saltar de la resistencia a pensar e implementar la propuesta del país que queremos”, todo a través de elevar la “presión política”.

12 de enero de 2022

Efectivamente con la renuncia de Cabandié no alcanza. El funcionario es un engranaje más del gobierno (y gobiernos provinciales) y el Estado en el sostenimiento del modelo extractivista. El punto de partida es entonces una dura denuncia a todo el régimen político y los grandes empresarios que son los responsables.

La experiencia reciente muestra que fueron las movilizaciones masivas las que consiguieron frenar proyectos extractivistas. El caso más paradigmático es de Chubut. Allí, un frente político, que no supo de grietas, intentó imponer entre gallos y medianoche la ley de zonificación que habilitaba la megaminería. Organizaciones ambientales, sociales, políticas, originarias, de trabajadores y gran parte de la comunidad se pusieron de pie, paralizaron la provincia y en pocos días lograr derogar la ley. Fue clave la acción de los gremios estatales y portuarios que realizaron paros para acompañar las movilizaciones y piquetes.

Esta lucha puso blanco sobre negro sobre quiénes están de un lado y quiénes de otro. Que no se puede confiar “ni un tantito así” en el (los) gobiernos, los grandes empresarios y el Estado que aprovechan cualquier oportunidad para imponernos sus modelos de depredación ambiental.

Una situación similar se dio en Mendoza donde radicales, el PRO y el Frente de Todos derogaron la ley del agua que la movilización popular frenó. El otro de los casos recientes es el de la prohibición de la cría de salmones en cautiverio en Tierra del Fuego.

Es en la calle, con asambleas democráticas, coordinadoras y no en los ministerios ni pasillos del Congreso; es con el protagonismo de les trabajadores y sus sindicatos que tienen un potencial enorme para la defensa del ambiente en las herramientas del paro y la movilización. ¿Se imaginan si los principales gremios paralizan la producción para poner en jaque a todo este modelo de explotación ambiental?

Modelos productivos, esa es la cuestión

En la publicación Bruno sintetizó su alternativa referida al debate ambientalismo vs desarrollismo: “Soy ambientalista, ambientalista argentino, no sueco o yanqui. Por eso también aspiro al aumento de las exportaciones, por eso me importa el estado de nuestra balanza comercial y fiscal”, y continuó señalando que pretenden un Estado con credibilidad en el que no se permita que “sea el mercado el conductor de la transición ecológica en países del sur global como el nuestro”.

El accionar del gobierno evidencia que la mayor urgencia en la implementación de estos proyectos extractivistas tiene por fin obtener el ingreso de los dólares para hacer frente a los vencimientos del pago de la deuda externa. Una espada de Damocles que frena el desarrollo del país y condena a la pobreza a la mitad de la población. Este punto no puede estar ausente del debate porque se trata del problema nodal de la economía argentina.

¿Qué pasa cuando enfocamos el problema en el aumento de exportación para la obtención de dólares? Entre 2003 y 2014 el país tuvo un saldo comercial favorable de 165 mil millones de dólares, cifras récords para el país, sin embargo, sobre el final de esta etapa el problema recurrente fue la falta de dólares. ¿Por qué? La fuga incesante de esas divisas. Hay un PBI (500 mil millones de dólares) de argentinos en el exterior. El mismo hobby tienen las empresas multinacionales. Esa fuga es permitida por el Banco Central y el sistema financiero del país, vale decir por el Estado.

Otra de las causas es que, producto del desmantelamiento del aparato productivo, la industria necesita muchos dólares para funcionar. Fiel ejemplo de esto son las empresas tecnológicas y automotrices que son ensambladoras de componentes extranjeros.

La aspiración de un Estado con credibilidad, opuesto a la dirección del mercado de los asuntos de la transición ecológica, es una fórmula de dudosa aplicabilidad. Los países dependientes como Argentina se insertan en el mercado mundial como productores de materias primas. El sector de la sociedad encargada de esos negocios es la que marca el ritmo de la política. Si analizamos el período de bonanza durante el kirchnerismo -en el que el relato oficial enfatizaba en el fortalecimiento del Estado- es evidente el avance del modelo productivo sojero, la utilización de agrotóxicos, la derogación de la ley de Glaciares y el acuerdo con Chevrón para el fracking. Durante este período también aumentó el peso del capital extranjero en las principales ramas de la economía. Es definitiva, fue la mayor presencia del Estado la que garantizó la profundización de este modelo de destrucción y no en sentido inverso.

Entre “desarrollistas” y “ultraliberales” no hay grieta. José Luis Espert lo dejó -nuevamente- en claro cuando atacó al ambientalismo y defendió la plataforma petrolera en el Mar Argentino y las demás actividades extractivistas.

El país que queremos

Bruno interpela a preguntarse qué país queremos. La pregunta es muy pertinente porque podemos compartir que es lo que no queremos, pero nos hace falta profundizar el debate sobre hacia dónde queremos ir.

Decíamos que las causas que presionan y aceleran la implementación de estos proyectos (dólares rápidos) es los compromisos de pago de la deuda externa. Ese yunque frena el desarrollo nacional y aumenta las presiones para profundizar el modelo extractivista. Por eso el desconocimiento soberano de la deuda es un paso de soberanía elemental.

La lucha ambiental y contra el pago de la deuda tienen que tener todos los vasos comunicantes porque se trata en última y primera instancia del mismo problema. En este punto aspiramos a confluir todas las organizaciones que no quieren seguir atadas a los designios del FMI en un gran movimiento que articule todas las demandas socio ambientales y del pueblo trabajador.

En simultáneo hay que nacionalizar todo el sistema bancario, estableciendo una banca única para evitar la fuga de capitales, administrar el ahorro nacional y que sean les trabajadores, las organizaciones ambientales, de mujeres, las comunidades originarias quienes definan qué producir, cómo y con qué objetivos.

La nacionalización del comercio exterior es otra de las medidas para definir democráticamente qué se compra y que se vende, la nacionalización de las principales empresas y campos para que el modelo productivo esté organizado y orientado a la regeneración de los hábitats destruidos por el capitalismo.

No queda mucho tiempo. Solo un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo puede avanzar en un metabolismo sostenible con la naturaleza. (LID). Por Franco Casasola

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