Dia del indio americano: Despojo y apropiación

La disolución premeditada desde antaño de las culturas originarias, en un principio a través de la espada y la cruz, exterminio justificado por la conversión de los indios sin alma a seres cristianos, inhumanos argumentos para concretar la barbarie del saqueo de sus recursos naturales, destruyendo en esa codicia desequilibrada, todo vestigio de las raíces culturales, religiosas, económicas, y de conceptos de organización comunitarios de los pueblos originarios, como los continuos quebrantamientos, hoy, de los estados nacional y provincial, se establecen en el continuismo del despojo, desaparición de los pueblos originarios que no ha tenido su fin.

El concepto de apropiación durante la sangrienta conquista de América, cuyo fin fue apoderarse de los recursos naturales como el oro y la plata, de los pueblos originarios y de sus tierras, en la actualidad mantiene su matriz.

Despojo y apropiación

El continuismo en la apropiación y despojo, también se ejecutó con sangre indígena en la conformación del Estado argentino, justificando el robo y la expulsión de estos, en las avanzadas militares de la cobardemente conocidas conquistas del desierto y del Chaco, sobre tierras de los pueblos originarios, con el fin de ampliar la geografía de posesión de aquel incipiente Estado, tierras luego distribuidas en miles de hectáreas a militares y ricos, luego latifundistas.

La apropiación y expulsión histórica, que sufren los pueblos originarios, hoy se acentúa en la provincia de Salta, con miles de familias indígenas desterradas de sus tierras ancestrales, hoy denominadas tierras fiscales, figura legal que avala el despojo.

El saqueo, sigue avanzando sobre tierras donde habitan pueblos indígenas, que son devastados por la expansión de la frontera agroforestal y ganadera. El Estado quien históricamente los ha expulsado, repite ese desvergonzado concepto beneficiando a terratenientes extranjeros, en una indiscutible regresión histórica.

Ya sin tierras, en su mayoría, los indígenas se congregan ante la expulsión de sus lugares de hábitat ancestral, en las periferias de las principales ciudades del norte de Salta, en Gral. Mosconi viven al este de la ruta nacional 34, unas 14 comunidades, que no tienen garantizados los servicios esenciales para vivir. Otros expulsados, toman tierras fiscales, paradójicamente, admitiendo el concepto legal impuesto por el Estado por los cuales ellos fueron expulsados, claro ahora deben aceptar un pequeño terreno de 8 por 15, cobijados en plásticos negros, sin agua potable, sin luz, desocupados y desnutridos.

Los que resisten en sus lugares de origen, como en el Departamento San Martin, Rivadavia, entre otros, deben repeler el avance sobre sus ya escasos recursos, degradados por inescrupulosos madereros y la tala como desmonte para plantación de soja.

Son innumerables las denuncias que realizan los indígenas sobre la degradación del ambiente en que viven, realizadas por criollos, ante la inacción de los órganos de control, debiendo los originarios intensificar la organización para repeler las arremetidas devastadoras, lo que genera un alto grado de tensión en esas zonas.

Incumplimiento de la Ley

El reconocimiento de las leyes y tratados internacionales que protege a los pueblos indígenas, siguen siendo solo anhelos en Salta, tal es el caso testigo de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, que representa a unas 35 Comunidades indígenas que viven en los lotes fiscales N° 55 y 14, sobre el Rio Pilcomayo, que invocan la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que reconoce explícitamente los derechos de las Comunidades indígenas a “La posesión y propiedad comunitaria que tradicionalmente ocupan” y que ante el incumplimiento del gobierno de la provincia de Salta - Gobernación del peronista Juan Carlos Romero – efectuaron en agosto de 1998 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por violación de esta provincia y Estado nacional a los derechos legítimamente garantizados por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y que el gobierno del también peronista Juan Manuel Urtubey, tampoco respeta y resuelve, a favor de los originarios, los que están a la espera de una resolución favorable, del Tribunal Internacional, ante los antecedentes presentados y la jurisprudencia a favor que avala el reclamo de los pueblos indígenas de Salta.