Dictadura.Detuvieron en Salta a un genocida prófugo escondido en un placard

El ex teniente coronel del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal, Carlos Ignacio Cialceta, está procesado por privación ilegítima de la libertad y por homicidio agravado. Desde el 12 de abril pasado, se pidió su captura nacional e internacional. Fue detenido el martes por la tarde en una vivienda ubicada en la capital salteña , mientras estaba escondido en un placard.

Una imagen vale más que mil palabras. La foto del genocida Carlos Ignacio Cialceta escondido en un placard en plena capital salteña minutos antes de ser detenido, da cuenta de la impunidad con la que gozan sus responsables, tanto militares como civiles, a casi cincuenta años del genocidio.

La detención del ex teniente coronel del Ejército, fue en el marco de un procedimiento ordenado por el Jugado Federal N°2 de Salta a pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta. La detención se llevó a cabo en un departamento del centro de la capital salteña, a pocas cuadras de las oficinas del fuero federal, en la esquina de las calles Deán Funes y España.

La detención a siete meses de dictarse su captura, se hizo con los datos aportados por una persona que pidió el resguardo de su identidad, quien se presentó en la Unidad Fiscal Salta y aportó datos respecto al posible paradero del ex militar.
La fiscalía había solicitado su prisión preventiva, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocara un fallo que lo beneficiaba con la falta de mérito en abril pasado. Algunos de los fundamentos expuestos por la Sala II, indicaron que “el rol funcional” atribuido al imputado constituye “un elemento que permite establecer una vinculación necesaria del encartado con la privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio” del dirigente.

“Por otro lado, y atendiendo al contexto histórico en el que acontecieron los hechos investigados, se encuentra indiscutido que el Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal, tuvo participación en la denominada lucha contra la subversión, habiendo sido condenado su máxima autoridad en la cadena de mando (el general Héctor Ríos Ereñú) en carácter de autor mediato del secuestro y posterior homicidio de René Santillán”.

Los jueces dijeron que Cialceta figuraba junto a Ríos Ereñú como personal superior integrando la plana mayor de la estructura castrense, y que se encontraba probado que cumplió funciones en Tartagal como oficial de personal al tiempo de los hechos, como lo admitió en su descargo.

“Así, la participación en un hecho criminal resulta predicable tanto respecto de quien ha realizado personalmente las acciones descriptas en los respectivos tipos penales (autor material), cuanto de quien pudo haber colaborado con aquél, o bien, hubo impartido las órdenes genéricas o particulares cuya ejecución puntual diera lugar a la comisión del ilícito criminal determinante del resultado”, sostuvieron los camaristas.

La causa

El ex militar está procesado por su participación en el asesinato de un dirigente peronista, hecho que fue denunciado por su pareja, quien relató que el 10 de agosto de 1976 cinco sujetos encapuchados llegaron a su casa en General Mosconi y secuestraron a su esposo, luego de golpearlo duramente frente a sus cuatro hijos.

La víctima entonces fue introducida en un auto que partió rumbo a Tartagal. Más tarde, su cuerpo fue hallado sin vida en el paraje Acambuco, a 20 kilómetros de Mosconi. Se determinó que había sido dinamitado por una carga explosiva de Gelamón, el mismo componente que días antes había sido utilizado para eliminar a otros de sus compañeros.

Impunidad garantizada por todos los gobiernos y poderes del Estado
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en un informe con datos al 16 de septiembre de este año, la cantidad de personas condenadas desde 2006 en los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado asciende a 1044, y que su responsabilidad fue determinada en 264 sentencias.

La actualización del relevamiento demuestra que la mayoría de las personas vinculadas a estos procesos, los transitan en libertad. Actualmente, 1599 personas se encuentran en esta condición mientras que sólo 824 permanecen detenidas.

Pero no sólo eso, de las personas privadas de la libertad, 619 transitan la detención en arresto domiciliario, y nada más que 142 permanecen en la cárcel, mientras otras 63 se encuentran alojadas en otros establecimientos, la mayoría de estas últimas en la sede carcelaria que funciona dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo. En este lugar que fue uno de los lugares de detención, tortura y desaparición donde funcionó una maternidad clandestina, los genocidas alojados allí gozan de instalaciones vip, con canchas de tenis, pileta, entre otros lujos.

Mientras actualmente hay 602 personas procesadas en causas en trámite, sólo hay 67 causas elevadas a juicio a la espera de inicio del debate, y hay sólo 19 procesos orales y públicos en desarrollo en diferentes jurisdicciones.

De acuerdo con la estadística difundida, desde la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en 2005, unas 3525 personas fueron imputadas en estos procesos. En esa cifra se encuentran comprendidas las 1044 condenadas y las 602 procesadas. En ese total hubieron 162 absueltas, unas 165 que tienen falta de mérito, 97 sobreseídas, 39 indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal y otras 581 que están imputadas por el Ministerio Público Fiscal.

Los prófugos en estas causas en la actualidad son 29 y 806 ni siquiera fueron condenados, ya que la impunidad les fue garantizada hasta su muerte.

Mientras los discursos punitivistas y de mano dura tanto de la oposición de derecha, como de funcionarios del oficialismo, van dirigidos en especial contra la juventud pobre, la impunidad reina para los responsables del genocidio. (LID) Por Andrea Lopez