Documento sobre plaguicidas distribuido por el Ministerio de Agricultura promueve criterios que violan normas vigentes y aumentan riesgos sanitarios

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, calificó de "muy grave" la distribución, por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación, de un documento sobre uso de plaguicidas "en el cual se promueven criterios que violan normas vigentes en Argentina".

El documento, presentado en el Parlamento Nacional, fue elaborado principalmente por cámaras empresariales vinculadas a plaguicidas y algunos organismos públicos de agricultura, como SENASA [1]. "Es como encargarle a un grupo de zorros que propongan las medidas para que un gallinero sea más seguro", ironizó FUNAM.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente y premio Nóbel Alternativo, advirtió que el documento "fue claramente elaborado para frenar la creciente aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben la aplicación periurbana de plaguicidas en franjas con anchos superiores a los 500 metros. También es un intento desesperado para evitar que prospere la prohibición total de la aplicación aérea. No es casual que funcionarios de agricultura y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea hace ya cinco años que está prohibida la pulverización aérea de plaguicidas".

Agregó que la intención implícita en el propio documento "es lograr la aprobación de una ley nacional de presupuestos mínimos que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas pero en franjas insignificantes, así no se perjudica el redituable negocio de los cultivos transgénicos. Lo inaceptable es que fue elaborado con el visto bueno del Estado y difundido desde el Ministerio de Agricultura de la Nación sin que participaran especialistas en salud, ecología y ciencias sociales, y sin darle participación a las ONGs, investigadores independientes y grupos de personas afectadas por el uso de plaguicidas. Fue un trabajo de lobby disfrazado de buena práctica agrícola".

Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Peor aún, considera solamente a los ingenieros agrónomos como profesionales capacitados para manejar el tema plaguicidas, cuando carecen de formación universitaria para proteger a las personas de las bajas dosis de plaguicidas, y de sus efectos sobre el sistema hormonal, endocrino y reproductivo. Los ingenieros agrónomos han sido capacitados para disminuir la posibilidad de intoxicaciones agudas, no para prevenir la exposición crónica".

"Es inaceptable que el Estado, que es de todos, favorezca tan descaradamente a las corporaciones productoras de plaguicidas, a quienes aplican esos venenos y a los grandes productores de cultivos genéticamente modificados", agregó.

Las malintencionadas conclusiones del documento

El Dr. Raúl Montenegro indicó que el trabajo "incluye una desactualizada lista de distancias de protección para algunos países, pero sin analizar las normas vigentes en Argentina. Omite decir, por ejemplo, que la Comunidad Europea prohibió hace cinco años toda aplicación aérea de plaguicidas" (Directiva 2009/128/EC).

"Tras sostener la necesidad de establecer distancias pequeñas, para lo cual menciona por ejemplo a España con sus distancias de seguridad de 20 a 50 metros, el documento llega a la conclusión, sin fundamento alguno, que en Argentina las distancias deben ser de hasta 100 metros para aplicación terrestre, y de hasta 200 metros para aplicación aérea. Pero no conformes con esta reducción, el informe indica que tales distancias ’se podrán reducir’ a partir de la evaluación que realice el profesional actuante. De este modo el propio Estado convalida la violación del Principio de Precaución establecido en el Artículo 4° de la ley Nacional de Ambiente 25675", recalcó Montenegro.

Agregó que entre otros errores técnicos graves "el documento solo considera como fuente de plaguicidas la deriva, esto es, los plaguicidas que escapan de su blanco y llegan fuera de los cultivos exponiendo peligrosamente a las personas y el ambiente. Omite mencionar que las partículas de suelo contaminado también llegan a la personas, y que no se puede recetar la aplicación de plaguicidas en un cultivo cualquiera sin saber cuánto plaguicida ya acumula ese terreno como resultado de aplicaciones anteriores. Para el documento, las autoridades de agricultura y los ingenieros agrónomos el suelo empieza de cero cada año, como si no tuviera residuos de plaguicidas acumulados, lo cual es una barbaridad técnica".

"El documento no hace ningún análisis sobre los efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana, los ecosistemas y algunas actividades particularmente afectadas, como la apícola. Peor aún, da a entender, sin siquiera analizar el grave problema de las bajas dosis, que las buenas prácticas evitan riesgos sanitarios y ambientales. Tal omisión es mucho más grave cuando consideramos que las personas que van a ser potencialmente expuestas ya tienen residuos de plaguicidas en sus tejidos, producto de exposiciones anteriores. En el caso de madres embarazadas que tienen residuos de plaguicidas, una parte es transferida por vía sanguínea a sus embriones y fetos. Y en el caso de madres que amamantan, siguen transmitiendo plaguicidas a sus bebés a través de la leche materna".

FUNAM destacó que el documento "tiene una parte en que se tratan con escaso orden varios temas, de 10 páginas, y una larga bibliografía de 20 páginas referida casi exclusivamente a los aspectos tecnológicos de la aplicación de plaguicidas. No hay ninguna referencia sobre los efectos negativos de las bajas dosis de plaguicidas sobre la salud, ni sobre epidemiología en poblaciones expuestas".

"Para completar la improvisación y desatino con que se redactó, el documento incluye un anexo con sugerencias para el uso de ’barreras vivas’ y así reducir el efecto negativo de los plaguicidas. Aconseja por ejemplo que tales barreras deberán tener un ancho mínimo de 5 metros, y propone establecerlas a una distancia mínima de 50 metros del perímetro externo del Ejido Municipal’. Más allá de la ignorancia legal-administrativa, pues una municipalidad no tiene jurisdicción ’fuera’ de su Ejido, la escueta página dedicada a ’barreras vivas’ parece más un panfleto que una propuesta seria".

Peleados, pero no en materia de transgénicos

Montenegro indicó que "algunas alianzas dejan al descubierto el inmoral doble discurso de los funcionarios. Mientras el gobernador José Manuel de la Sota y la presidenta Cristina de Kirchner se muestran públicamente como enemigos irreconciliables, sus respectivas áreas de agricultura coinciden en apoyar a las grandes corporaciones productoras de plaguicidas, a los aplicadores de veneno y a los grandes productores de soja y maíz transgénicos".

"Presidenta y gobernador no solo coincidieron en abrir las puertas de Argentina y de la ciudad de Malvinas Argentinas en Córdoba para que Monsanto pueda construir allí la más grande acondicionadora de semillas transgénicas del mundo. Los Ministerios de Agricultura de Córdoba y la Nación también suscribieron el documento sobre pautas para la aplicación de plaguicidas distribuido la semana pasada en Buenos Aires".

[1] Instituciones que elaboraron y consensuaron suscribieron el documento que está siendo distribuido desde el gobierno nacional: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (MAGyA) de la provincia de Córdoba, la Comisión Federal Fitosanitaria (CFF), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).