ENDEUDAMIENTO: Las seis medidas de ajuste de Guzmán y Fernández para complacer al FMI

La delegación del FMI ya está en Argentina y se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos. El Gobierno pedirá un programa de facilidades extendidas para renegociar la deuda de U$S 44.000 millones. De esta manera, el presidente Fernández decidió convalidar la deuda fraudulenta que el organismo le otorgó al macrismo, que como reconoció el actual presidente del BID, fue impulsado por Donald Trump para financiar la candidatura de Mauricio Macri.

El Fondo tiene un libreto clásico de recetas para otorgar los acuerdos, entre ellos ajuste fiscal (reducir el gasto), reforma laboral, previsional y tributaria, privatizaciones, entre otras.

Si bien la directora del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que no viene con la idea de ajustar más, lo cierto es que el Gobierno ya comenzó a transitar ese camino y pisó el acelerador en las últimas semanas.

¿Quiénes son perdedores con este acuerdo? Los jubilados, los trabajadores y los sectores más vulnerables.

El plan del Gobierno tiene la prioridad de pagar la deuda por varios años en vez de atender las demandas de las mayorías. En la asunción Fernández dijo "en este presente que afrontamos, los únicos privilegiados serán los que han quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación". No fue así, los privilegiados son los especuladores, los bancos y las grandes empresas.

A continuación las principales medidas del Gobierno para cumplir con las exigencias del FMI:

Recorte jubilaciones: se presentó una nueva fórmula de ajuste para actualizar los haberes. Será semestral, en base a índices que consideran la recaudación y los salarios registrados de entre 3 y 9 meses antes. No se garantiza que la suba de las jubilaciones sean inferiores a la inflación. No habrá ningún plus para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los haberes durante el macrismo (-21 %), y de este año cuando se suspendió la movilidad previsional. Además, es una propuesta que implica que en momentos de bajo crecimiento o baja de la actividad los haberes volverán a perder.

Los jubilados y jubiladas perciben una jubilación mínima de $ 18.128,8, cuando la canasta de la tercera edad calculada en marzo fue de $ 45.000. A quienes trabajaron toda su vida se los condena a sobrevivir con jubilaciones de miseria.

Eliminación Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): no habrá ayuda de $ 10.000 para casi 9 millones de trabajadores precarios en 2021. El Gobierno decidió que el año próximo no será necesaria otorgarla. En 2020 hubo tres tandas de IFE cada dos meses, y se evalúa si habrá o no un nuevo subsidio para lo que queda del año. En caso que se otorgue, se calcula que será más reducido. Seis millones de personas podrían ser excluidas. La semana pasada se pagó U$S 300 millones en concepto de intereses al Fondo, equivale al pago de 2,4 millones de IFE.

Vuelven los tarifazos: el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas vencen a fin de año. El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, anunció que las tarifas de luz y gas se actualizarán, y afirmó que será “un esquema gradual”. Algunos funcionarios declararon que las tarifas subirán acorde a la inflación, es decir al menos un 29 % como se proyecta en el Presupuesto 2021. Un nuevo golpe al bolsillo. Con esta medida el oficialismo busca reducir los subsidios a las empresas privatizadas que ganaron millones con el macrismo. Durante el gobierno de Macri las tarifas crecieron de manera exponencial, subas que no se retrotrajeron con Fernández, como lo proponía un proyecto que impulsó el peronismo cuando estaba en la oposición.

Presupuesto 2021 de ajuste: el proyecto aprobado en Diputados implica una caída de 9,5 % en términos reales si se suman todos los gastos excluyendo el pago de intereses de deuda. El ajuste será mayor si la inflación es superior a 29 % anual (que es lo proyectado). Se recortan en términos reales partidas como salud (-9,4 %), y Seguridad Social (-14,3 %). El presupuesto supone pagos de intereses de deuda del 1,5 % del PBI, que equivale a la construcción de 160 mil viviendas.
Represión en Guernica: a las familias sin techo que desde hace tres meses pedían por su derecho a tener una vivienda fueron reprimidas y desalojadas por decisión del gobierno provincial y nacional. Fernández y Kicillof cedieron a los gritos del capital que pedían proteger la propiedad privada.

De esta manera, comenzó el acuerdo nacional que convocó Cristina Fernández con todos los sectores patronales para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Paritarias de hambre: el Gobierno otorgó un aumento del 7 % en 2020 para los empleados públicos cuando la inflación de este año rondará el 36 %. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 se estima que el poder adquisitivo de los salarios públicos tuvo una caída mayor al 30 %.

La Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía mostró que la suba representa según las categorías: desde $ 40 diarios (un alfajor Jorgito) para las más bajas; hasta, $ 130 diarios (una chocolatada Cindor) para las más altas.

¿Por qué el pueblo trabajador tiene que pagar las consecuencias de un acuerdo con el FMI? En un informe de mayo, el Banco Central reveló que el endeudamiento macrista financió una fuga de capitales de U$S 86 mil millones en cuatro años, una gran parte con el préstamo del Fondo. ¿Quiénes se la fugaron toda? Horacio Verbitsky publicó que en esa fuga estuvieron involucradas las empresas Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y muchas más entre los 100 mayores fugadores.

No hay que avalar esta estafa. Hay que rechazar el acuerdo con el Fondo que solo traerá mayores penurias para la clase trabajadora. Es necesario el desconocimiento soberano de la deuda. (LID)