El Gobierno retira el IFE pero promete tarifazos de luz y gas de hasta un 60 %

Con la antipopular decisión de descongelar las tarifas de servicios básicos como luz o gas, se generó la incertidumbre de cuánto será el aumento, según informó el Gobierno el nuevo montó estará “algo en línea con la inflación” osea la suba superará el 25%, y el secretario de Energía, Darío Martinez advirtió que en algunos sectores el aumento podría estar en un 60%.

Es claro que el anuncio, sobre todo, en plena crisis económica acrecentada por la pandemia, solo beneficia a las privatizadas que vienen ganando millones en los últimos años ya sea con tarifazos o subsidios y siguen especulando con la necesidad de la población. Mientras las grandes mayorías que vienen sufriendo las consecuencias de la inflación tienen sus salarios congelados, o con acuerdos paritarios a la baja.

Recordemos que hace apenas días el salario mínimo se fijó en tan solo $ 18.900, por debajo de la línea de indigencia (una familia necesitó $19.430 para no ser indigente) y el "aumento" previsto para diciembre lo dejará en $20.587,50. Una miseria, recién en marzo del 2021 llegará a $21.600. El mismo Indec reconoció que una familia necesito en septiembre $47.216 para no ser pobre.

Sin embargo, el gobierno se esmera en minimizarlo, justificándose en que será un incremento “segmentado” para que todos lo puedan pagar y promete que será por única vez, ya que el próximo es un año electoral y esta suba arbitraria podría jugarle en contra.

Esta suba dependerá de la sección geográfica donde esté el inmueble y varía claro según se trate de electricidad o la tarifa de gas.

Además, hay que tener en cuenta que por este motivo ya está previsto un aumento aún mayor para el 2022, negociado claro con las empresas como Edesur- Edenor.

Ajustar a los que menos tienen

Si bien el Gobierno aclara que un 30% de los usuarios eléctricos tendrían aumentos menores a la inflación actual, no identificó quienes serían los “beneficiarios” de tan solo, no está de más aclarar, sufran un tarifazo menor. En este sentido Martínez explicó que los programas de asistencia de ANSeS, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puede funcionar como referencia. Si, el mismo que el gobierno anunció retirará en 2021 pese al aumento de la pobreza y la crisis habitacional.

Los niveles de pobreza alcanzan el 41 %, y las familias que no pueden ya siquiera pagar un alquiler deben luchar por el derecho a la vivienda. Así, una vez más el Gobierno deja claro cuales son sus prioridades a la hora de asignar los recursos del Estado: cumplir con el FMI y ajustar a quienes menos tienen.