¿El acuerdo porcino no se firma?: el Gobierno quiere hacerlo pasar por provincias

La firma del acuerdo porcino entre China y Argentina, anunciada para este mes, “no tuvo repercusión”, confirmó Luis María Kreckler, embajador argentino en el país asiático en diálogo con BAE. Si bien las tratativas se habían dado entre ambos Estados, el diplomático delegó la resolución de la exportación masiva de carne porcina desde Argentina a un acuerdo entre privados a nivel provincial.

El megaplan porcino, para el cual se había trabajado un borrador de memorándum y un anteproyecto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para la instalación de cerca de veinticinco granjas industriales, causó repudio generalizado a medida que fue conociéndose información acerca de los riesgos ambientales, sanitarios y sociales que conlleva. Con organizaciones de todo el país, el rechazo al acuerdo fue el punto de partida para la fundación de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que se propuso denunciar las consecuencias del extractivismo a nivel nacional.

Libro, festivales, movilizaciones nacionales, tuitazos, concentraciones en Cancillería, paneles de debate, realizaciones audiovisuales, campañas de difusión y hasta canciones. Todo eso y más tuvo lugar contra el acuerdo. Pese al lobby de funcionarios como el canciller Felipe Solá, el secretario de Relaciones Internacionales de Cancillería Jorge Neme, el ministro Luis Basterra (Agricultura), Alberto Fernández y hasta Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quedó claro que en Argentina no hay licencia social para un emprendimiento de estas características para abastecer a China de cientos de miles de toneladas de carne de cerdo.

A juzgar por las declaraciones de Kreckler, la apuesta no resultaba rentable para los productores locales. “En el futuro habrá conexiones, conversaciones y el mercado va a decir si esto va a progresar rápida o lentamente. Se necesitan una gran cantidad de inversiones para las granjas; saber qué cantidad de madres, la genética”, explicó.

Divide y reinarás

La movida del Gobierno del Frente de Todos dio algunos indicios a fines de octubre, cuando se anunció que Capitanich había suscrito convenio con empresa de capitales chinos y argentinos para instalar tres complejos porcinos en Chaco, a lo que se sumó la reunión virtual del propio Kreckler con la liga de vicegobernadores para convencerlos de las bondades de sumarse a la entrega de territorios y agua para las megagranjas. El Gobierno de Santiago del Estero ya picó a través de su vicegobernador Carlos Silva Neder.

Con menos notoriedad que el pomposo memorando por cinco años, el Gobierno sigue detrás del asunto, ahora con el rol de facilitador entre los Gobiernos provinciales y los empresarios del rubro porcino. La decisión de poner en stand by el marco legal nacional para el megaplan puede leerse como un intento de destrabar las negociaciones y atomizar las protestas a nivel local.

El memorándum de entendimiento entre ambas naciones se había anunciado a comienzos de julio a través de un polémico texto que Cancillería debió modificar en varias ocasiones. De las nueve millones de toneladas quedaron novecientas mil en cuatro años. Ya a fines de agosto el Gobierno del Frente de Todos había tenido que posponer la firma hasta noviembre, y se especulaba sería durante la Expo de Importaciones en Shanghái, adonde finalmente Solá y Fernández no viajaron.

"No hay ningún tipo de licencia social”, expresó Flavia Broffoni de XR Argentina durante la conferencia de prensa de la Coordinadora BFS este martes en Plaza de Mayo. “Ya salieron los gobernadores a decir que se están construyendo las primeras megafactorías, empezando por Córdoba y Chaco. A pesar de que las provincias estén avanzando, nosotres vamos a acompañar a las comunidades que no quieran que sus Gobiernos no representativos avancen. Y si nos piden vamos a acompañar: ni un ladrillo se va a poner en ninguna megagranja en Chaco si la comunidad no quiere”. (LID) Por Valeria Foglia