La presentación argumentará que es responsabilidad del Estado evitar que llegue a ese cargo alguien involucrado en serias violaciones a los derechos humanos.
Un eventual pronunciamiento del más alto tribunal internacional no sería vinculante, pero tendría fuerte peso como mensaje político.
La idea de recurrir a esa instancia surgió de diputados y algunos funcionarios después del fallo de la Corte Suprema en el caso de la banca del genocida Antonio Bussi.
El dictamen señalaba que el Congreso no tiene facultades para impedir la jura de un legislador electo.
Fuente: PIM
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