El golpe represivo del 12 de mayo al pueblo de Mosconi. La antesala de diciembre del 2001

El 12 de mayo del 2000, el juez federal salteño Miguel Medina junto al comité de crisis ordenan a la Gendarmería y a la policía salteña reprimir miles de pobladores que protestaban sobre la ruta 34.

Los pobladores, desocupados en protesta eran miles y llevaban varias semanas protestando por mejores condiciones de vida y solicitando al gobierno de Romero que cumpliera con el compromiso tomado durante la pueblada de 1997.

El Ultimátum y la represión

El Juez federal Miguel Antonio Medina señalaba a la prensa: “En la zona se ha montado una suerte de operativo militar” por parte de los manifestantes. Anticipando que no habría más intimaciones y que en la aproximas horas de aquel mes de mayo del 2000 recurriría a la fuerza pública para desalojar la ruta 34 en el acceso sur de Gral. Mosconi.

Mientras tanto el Fiscal Federal. Eduardo Villalba, ampliaba la acusación a los pobladores, expresando que lo que se estaba produciendo en la zona eran delitos graves, algunos sin posibilidades de excarcelación, tales como motín o tumulto.

Ese 12 de mayo los pobladores de Mosconi serian reprimidos sobre la ruta nacional 34, a la altura de Gral. Mosconi por la policía de la provincia de Salta, que intercepto a los desocupados, piqueteros ingresando desde el pueblo por el acceso sur hacia la ruta. Mientras que gendarmería nacional que estaba apostada sobre la ruta avanzo con dirección norte lanzando gases y balas de goma.

Violento operativo en contra de desocupados, indígenas y periodistas

La policía provincial y gendarmería reprimen ferozmente a los desocupados que se encontraban sobre la ruta. Se producen detenciones, los efectivos realizan allanamientos clandestinos y disparan con balas de plomo a los pobladores de Mosconi. Ingresan violentamente en las comunidades aborígenes Wichis. Los periodistas Héctor Torres, de FM Mosconi, Marco Díaz Muñoz y el periodista Daniel Díaz Muñoz, de América 2, son golpeados por la policía, que además les destroza una cámara filmadora y el equipo de luces. El móvil de prensa sufre la ruptura de un parabrisa por un ladrillo lanzado por los policías. Luego los uniformados amenazan de muerte a los periodistas.

Más tarde los detenidos que son trasladados a la ciudad de Salta denunciarían a la abogada de Derechos humanos Dra. Mara Puntano quien los libera de las celdas que fueron torturados y que les realizaron simulacros de fusilamiento cuando eran trasladados a Salta.

Torturas contra aborígenes

Durante ese ataque represivo de mayo de 2000 en Mosconi, las fuerzas policiales con órdenes superiores, ingresan a tierras de las comunidades Wichís que viven frente a la ruta nacional 34, disparando sus armas. Como botín de la ilegal invasión se llevan secuestrados a varios indígenas, a los que posteriormente torturarían cruelmente.

Hacerlos desaparecer

“Los policías nos agredieron en nuestras propias casas, delante de nuestras esposas e hijos, golpeándolos el rostro y el cuerpo con culatazos, botines y puños, diciéndonos que ellos recibían ordenes de jefe de tarea y que tenían que matar a todos los indígenas o hacerlos desaparecer y no dejar ninguno en pie” declaraba el Cacique Víctor Roja en una denuncia.

Aclarando: Cuando llegamos a Salta nos llevaron a la escuela de policía. Ya dentro de ésta institución nos desataron las manos, que la teníamos completamente hinchadas, nos hicieron sentar y nos interrogaron en varias oportunidades, hasta que intervino la abogada Mara Puntano informándonos que había realizado las presentaciones jurídicas correspondientes y que el juez interviniente había resuelto nuestra libertad. Decía finalmente el Cacique Víctor Roja.

La antesala de la represión de diciembre del 2001

El gobierno del presidente De La Rúa, junto al Gobernador de Salta Juan Carlos Romero, el Juez Federal Miguel Antonio Medina, y el Fiscal Eduardo Villalba ponían en funcionamiento el comité de crisis argumentando para ello que estaban dadas las condiciones para aplicar el articulo 13 de la ley 24.059 de seguridad interior y, de acuerdo a otros de los artículos de la norma, debe constituirse “cuando se vean amenazados gravemente en el país o en una región determinada el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías o la plena vigencia de sus instituciones”.

La represión, torturas, simulacros de fusilamiento, encarcelamiento, y heridas sobre cientos de pobladores, indígenas, niños, mujeres embarazadas, desocupados estaban decididos por un grupo de mesiánicos antipatriotas que establecieron en su desequilibrio que estos compatriotas ponían en riesgo la República, cuando solo peticionaban a sus representantes condiciones dignas de vida.

Durante el 21 de diciembre del 2001 la historia se repetiría en el país, serán más de 35 los compatriotas asesinados por salir a las calles denunciando un sistema de gobierno que empobreció y acrecentó la brecha entre pobres y ricos en la Argentina.