Luego de la represión del 28 de septiembre realizada por efectivos de infantería de la policía de Salta, sobre un grupo de mujeres niños y hombres aborígenes que pedían puestos de trabajo en el paraje El Chirete donde funciona las oficinas de la empresa Vertúa, un grupo de dirigentes originarios manifestaron a la prensa que el gobierno de Salta y la justicia reprimen el hambre. (Ampliaremos)
Los dirigentes denunciaron que luego de la cruel represión, en la que intentaron montar un ataque a la empresa por parte de los aborígenes, que según la policía estaban armados con machetes, cuchillos, antorchas y botellas con nafta y que por ello reprimieron, lo que argumentan con un video grabado por la policía, que estos iniciaron la agresión contra los uniformados. Se inició una caza de brujas contra los aborígenes, ordenada por el Secretario de seguridad, Cornejo que afirmó luego de la represión que dejo a aborígenes entre ellos mujeres y niños heridos, y dos policías con quemaduras, que estos “son delincuentes armados”.
La Fiscalía que investiga los incidentes, de forma arbitraria según los aborígenes, ya ordeno la detención de seis integrantes de 26 comunidades originarias, que agrupadas pedían fuentes de trabajo, ante la gran desocupación en la empresa Vertúa que construye el gasoducto del NEA.
Por último, denunciaron también, que desde el gobierno nacional y provincial son discriminados, que no les otorgan cupos para trabajar en obras como la que concreta Vertúa, que según estos ha tomado unos 120 trabajadores en su mayoría de Tartagal, y a ningún aborigen que vive en la zona de construcción del gasoducto.
Foto de Portada: Diario El Tribuno
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