Impunidad biológica: la Corte acumula hace años sin resolver más de 65 causas por genocidio

Son sentencias sobre las que deberían convalidar o rechazar condenas por delitos de lesa humanidad. Los casos tienen hasta una década de demora. La mayoría se estancaron durante el macrismo y la presidencia de Rosenkrantz.

Según información divulgada por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, en los despachos de los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “duermen” desde hace años al menos 65 expedientes por delitos de lesa humanidad. En algunos casos las demoras en dictar sentencia firme (lo que posibilita que varios de los condenados no estén presos) llegan a casi diez años.

Si se tienen en cuenta las “prioridades” de la Corte en muchos casos que no mueven el amperímetro de la vida pública pero a los que les dedican largas acordadas y reuniones, no es para nada errada la conclusión de que en causas que involucran a genocidas impera una suerte de “impunidad biológica”. Es decir, que los ejecutores de gravísimas violaciones a los derechos humanos mueren sin haber sido alcanzados por la prisión o luego de tener un breve tránsito tras las rejas.

Vale recordar que gran parte de esos delitos fueron juzgados muy tardíamente, en algunos casos más de cuatro décadas después de haber sido cometidos. Hablamos de aquellos a los que el Poder Judicial consideró merecedores de juicios, ya que en gran parte los crímenes que dejaron un saldo de 30.000 personas detenidas desaparecidas, en más de 600 centros clandestinos de detención y con miles de culpables de todas las fuerzas armadas, de seguridad, penitenciarias, de inteligencia y civiles cómplices, nunca llegaron a ser tratados en los tribunales.

Así, a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final del radicalismo de los 80 y a los indultos del peronismo de los 90 (que garantizaron libertad por dos décadas a todos los genocidas) se agregan en el derrotero de la impunidad, por un lado, las “demoras” de jueces y fiscales en abrir causas, instruirlas, elevarlas a juicio, juzgar y condenar; y por el otro el accionar deliberado de la Corte para no resolver durante años sentencias ya firmadas por las instancias inferiores.

Casos emblemáticos
La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, cuya titular es la fiscala Ángeles Ramos, estima que las causas que duermen en las oficinas cortesanas superan las 65. Sin embargo se aclara que la misma Corte no informa como debiera la cantidad exacta y lo que puede rastrearse como información pública choca contra un sistema informático obsoleto, incompleto e ineficiente.

Entre las causas más resonantes que siguen sin resolución de la Corte están las que involucran a genocidas de la calaña de los generales del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros (exjefe de Campo de Mayo), Jorge Olivera Róvere (segundo de Carlos Suárez Mason) y Pedro Pablo Mansilla y el capitán de la Armada Héctor Vergés. También esperan una resolución del máximo tribunal casos donde los acusados son empresarios como Carlos Pedro Blaquier y Marcos Levin o jueces como el santafecino Víctor Brusa.

Menéndez ya fue condenado a cadena perpetua en siete juicios diferentes. En el caso sobre crímenes de lesa humanidad cometidos contra una docena de víctimas en Mendoza, la Corte lleva siete años dilatando la decisión de dejar firme otra condena más.

Riveros, el poderoso mandamás de Campo de Mayo (por donde pasaron aproximadamente 5.000 detenidos desaparecidos y en cuya “maternidad” clandestina nacieron dos centenares de niñas y niños, fue uno de los muchos genocidas que quiso aprovechar en 2016 el escandaloso “2x1” que la Corte concedió al genocida Luis Muiña. Pedido que le fue denegado en medio del escándalo que obligó al Congreso a desautorizar ese beneficio cortesano a delincuentes de lesa humanidad.

La Corte hoy tiene en sus manos (o en sus cajones) varias causas donde el general Riveros es protagonista. Los familiares de Iris Avellaneda y su hijo de 15 años Floreal “Negrito” Avellaneda (secuestrados en 1976, el cuerpo del adolescente apareció en las costas uruguayas tras un vuelo de la muerte) hace más de ocho años esperan una resolución de Rosenkrantz, Rosatti, Lorenzetti, Maqueda y Highton de Nolasco sobre las condenas para Riveros y otros cinco genocidas. En el caso de los familiares de las víctimas de los crímenes de la comisaría de Villa Ballester, donde Riveros también fue condenado, la espera se mantiene desde 2018. Y la Corte tampoco trató todavía otra condena a Riveros por crímenes cometidos en Campo de Mayo, cuya causa espera una sentencia firme desde 2017.

Uno de los genocidas que murió impunes es el general Jorge Olivera Róvere, quien fuera segundo en la cadena de mandos del sanguinario Carlos Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura. El caso lleva más de ocho años sin ser analizado por la Corte, luego de que la Cámara de Casación ratificara en 2013 una condena por más de un centenar de violaciones a los derechos humanos, incluyendo cuatro homicidios. En 2015, mientras le agradecía a los jueces por la demora, Olivera Róvere murió impune.

Los familiares de Carlos Labolita, secuestrado y asesinado en Mar del Plata, esperan desde 2011 que la Corte resuelva si convalida la condena que recibió el general Pedro Pablo Mansilla. Y los de las víctimas del capitán Héctor “Vargas” Vergez (los que lograron llevarlo a juicio) esperan desde 2016 que los mismos jueces resuelvan si convalidan o no la condena a 23 años que recibió el militar.

Pero no todo es complicidad de la Corte con los militares que ejecutaron el genocidio desde el 24 de marzo de 1976. Las escandalosas demoras en convalidar (o rechazar) condenas por delitos de lesa humanidad incluyen también hechos previos al genocidio desenfrenado de Videla, Massera, Agosti y compañía. Por caso, hace más de seis años que el tribunal no se expide sobre las condenas a prisión perpetua recibidas en 2014 por los marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, tres de los ejecutores de la conocida Masacre de Trelew de 1972, donde 16 presos políticos fueron fusilados en la Base Almirante Zar de esa ciudad chubutense.

Empresarios y jueces
Si de emblemas del genocidio se trata, el nombre de Carlos Pedro Blaquier se impone. El ideólogo y conductor de la Noche del Apagón de Ledesma (Jujuy), donde se emplaza su ingenio azucarero, fue juzgado por su participación en aquel operativo criminal. En marzo de 2015, cuando Blaquier mantenía una estrecha relación con el entonces gobierno de Cristina Fernández, la Cámara Federal de Casación Penal consideró que en 1976 el empresario “no sabía” que iba a ejecutarse la Noche del Apagón dentro de su ingenio. Tras un recurso presentado por organismos de derechos humanos, la causa llegó a la Corte y desde entonces nunca fue tratada. Desde la llegada de Rosenkrantz a la presidencia del máximo tribunal, Blaquier puede dormir más tranquilo aún. La esposa del juez es familiar del empresario.

Otro civil genocida es Marcos Levin, empresario condenado en 2016 por las violaciones a los derechos humanos sufridas por trabajadores de La Veloz del Norte. Desde hace años la Corte sigue sin resolver si le da la razón o no a la Cámara de Casación, que planteó la prescripción de los delitos por los que Levin fue condenado.

En el caso del juez de Santa Fe durante la dictadura (y parte del posterior período constitucional) Víctor Hermes Brusa, la Corte por un lado confirmó en 2013 una condena de 2009 por apremios ilegales contra ocho víctimas. Pero por el otro lado lleva seis años sin expedirse por otra condena recibida por el juez en 2014.

Según el (incompleto) relevamiento de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, la Corte acumula en sus cajones causas de lesa humanidad de todo el país, desde Campo de Mayo a Mendoza, pasando por Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario. Algunas de esas causas incluyen el Plan Cóndor o a los crímenes cometidos en Automotores Orletti, El Vesubio, Monte Peloni, Mansión Seré, La Escuelita de General Roca, la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), la Base Naval de Mar del Plata y el Arsenal Azcuénaga de Tucumán.

Las estimaciones de la fiscala Ángeles Ramos dan cuenta que el grueso de las causas que esperan resolución de la Corte (unas 55) fueron literalmente “paralizadas” durante el tiempo en el que Macri ocupó la presidencia de la Nación y tras haber colocado en la Corte a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti (exministro de Justicia a su vez de Néstor Kirchner). Huelga decir que desde 2018, cuando Rosenkrantz fue “votado” presidente del tribunal por sus pares, el cajoneo de esas causas se profundizó aún más.

El largo proceso de “impunidad biológica” para la gran mayoría de los genocidas y sus cómplices empresarios, de la burocracia sindical y de la Iglesia católica fue garantizado por los tres poderes del Estado desde 1983. Y para el puñado de genocidas que, producto de la lucha incansable de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, lograron ser juzgados y condenados, está la Corte Suprema y dilaciones.

Tan evidente es la complicidad de la Corte con los genocidas que en estas horas fracasó el intento de Rosenkrantz de reunir este jueves a la denominada “Comisión Interpoderes” encargada, en teoría, de analizar las causas de lesa humanidad. El presidente de la Corte había convocado al Poder Ejecutivo, al Legislativo, a un puñado de organismos de derechos humanos y algunos otros referentes en la materia para abordar el punto en cuestión. Pero la concurrencia al cónclave fue escuálida.

A la cita por Zoom concurrieron solamente la fiscala Ramos, el procurador general de la Nación (interino) Eduardo Casal, el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones, la presidenta de la Cámara de Casación Angela Ledesma y su colega Gustavo Hornos, el CELS, la Asociación Americana de Juristas, la Federación Argentina de Abogados y unos pocos asistentes más. Ni siquiera los otros cuatro jueces del máximo tribunal decidieron acompañar al presidente.

A Rosenkrantz parece que en materia de derechos humanos no le salen ni los intentos formales para la foto. ¿Pero el problema es el presidente de la Corte? Quizás, tras décadas de impunidades garantizadas por peronistas, radicales, macristas y liberales a base de leyes, decretos e infinidad de maniobras judiciales, la cuestión debería analizarse más a fondo.

En enero de 2010 la entonces presidenta Fernández de Kirchner dijo ante empresarios que “la carne de cerdo, es cierto, siempre ha tenido mala prensa, en el sentido de que engorda”, pero “la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual”. Fue durante un evento público en el que el Gobierno anunciaba enormes beneficios económicos y financieros para las compañías productoras de carne porcina. Entre los destinatarios más grandes de esa medida estaba Carlos Pedro Blaquier, el genocida que espera que su familiar Rosenkrantz siga cajoneando la causa por sus crímenes. Evidentemente, la culpa no es solamente del chancho. (LID) Por Daniel Satur