Inflación y oligopolios.Luego de la estafa, ¿qué pasó con Vicentin?

Se trata de una de las mayores agroexportadoras, hoy en concurso de acreedores, a casi dos años del anuncio de expropiación y su marcha atrás por el presidente Alberto Fernández. El fraude por U$S 1.574 millones sigue sin resolución, mientras persiste el fuerte aumento de precios internos de los alimentos.

El Gobierno intenta mostrarse en una "guerra contra la inflación" que por el momento se compone de los siguientes anuncios de medidas: una suba transitoria de 2 puntos en la alícuota de retenciones a los derivados de soja (aceites y harinas), un subsidio de $ 8.000 millones a la industria molinera, un "pedido" a los empresarios para que bajen los precios, y un acuerdo para finalmente retrotraerlos... a los niveles del 10 de marzo, es decir, cuando ya se consumó gran parte del aumento que en febrero fue de 7,5 % mensual para los alimentos y bebidas no alcohólicas. Medidas que, desde el vamos, se manifiestan impotentes para "combatir" la inflación.

No se trata de una ausencia de ideas o de alternativas de política económica, o de una lectura particular respecto de las causas de la inflación y cómo atacarla, el trasfondo de estas medidas precipitadas y aparentemente improvisadas es la evidente voluntad de no enfrentar, ni molestar, ni "hacer cosquillas", a ninguno de los poderes concentrados que están detrás de los aumentos de precios, o cuyo accionar en post de una mayor ganancia incide, directa o indirectamente, en la espiral inflacionaria.

Cuando sólo 11 empresas concentran el 99 % de la exportación de aceites y derivados de soja (datos de 2021, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), 10 empresas concentran el 90 % de la exportación de granos, legumbres y otros derivados, y estos productos forman parte de la mesa de los hogares populares, vuelve la pregunta: ¿Qué pasó con Vicentin? ¿Qué pasó con la llamada "soberanía alimentaria"? ¿Qué pasó con el eslogan "empezar por los últimos"?

La empresa Vicentin, acopiadora, aceitera y productora de derivados de oleaginosas y granos, que estaba en el ranking del top 10 de las mayores exportadores de granos del país, en este momento sigue en concurso de acreedores. El 8 de junio se cumplirán dos años desde que el presidente Alberto Fernández anunció que se intervendría por decreto la compañía y se enviaría un proyecto de ley al Congreso para su expropiación.

La empresa adeuda actualmente unos U$S 1.574 millones. Entró en cesación de pagos en 2019, realizando una de las mayores estafas a millones de argentinos: al Banco Nación por al menos U$S 300 millones, a otros bancos públicos, a productores agropecuarios, cooperativas, acopiadores, y a otros acreedores que son en general bancos extranjeros (por otros U$S 500 o 600 millones), utilizando a su vez como pantalla a la Bolsa de Cereales de Rosario. Sin contar los fraudes y las maniobras de la operatoria de la empresa con la subdeclaración de exportaciones o liquidación de retenciones, así como las amenazas de despido a sus trabajadores o el no pago a sus 5.000 empleados una vez avanzada la causa.

Pocos días después del anuncio presidencial, el 19 de junio de 2020, el juez que aún tiene a su cargo el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, desconocía el decreto oficial y colocaba al frente de la empresa a los Nardelli, Padoan y Vicentin, los dueños de la compañía. "Banderazo" derechista (no tan grande, por cierto) de por medio, Alberto Fernández anunciaba el 31 de junio desde su cuenta de Twitter que daría marcha atrás al Decreto. Un retroceso en favor de los intereses de los grandes propietarios privados.

Pero además, en diciembre del año pasado el mismo juez Lorenzini ordenó a la AFIP que le permitiera a la empresa realizar exportaciones. Estas habían continuado todo este tiempo mediante el alquiler de sus instalaciones a otros pulpos exportadores, socios de la propia empresa, como la suiza Viterra (adquirida por Glencore), propietaria de Oleaginosa Moreno. Otras fueron Díaz & Forti (una empresa que no liquidaba las divisas que exportaba) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), "ligada a Coninagro y a la Mesa de Enlace, que además le fue comprando la deuda de Vicentin a varios acreedores granarios, constituyéndose así en uno de los principales acreedores comerciales en el concurso", según apuntaba el periodista Raúl Dellatorre.

De esta forma, el comercio de granos siguió su proceso de concentración y extranjerización. Oleaginosa Moreno está primera en el ranking de exportadores de aceites de soja, con 1,4 millones de toneladas exportadas, y ACA en el número 8°, con 324 mil toneladas.

Las últimas novedades muestran que los negocios continúan. El Directorio de Vicentín presentó el a inicios de marzo pasado una nueva "Propuesta de Organización Empresaria para el período 2022-2033", con la cual pretenden evitar la quiebra desmembrando el grupo y cediendo sus negocios a otra sociedad de 3 grandes exportadoras que son, no casualmente, la que tiene los mismos accionistas de la empresa concursada.

Es precisamente el trío de empresas Viterra, Molinos S.A y ACA, los denominados "Interesados Estratégicos", quienes se quedarían con la gestión empresaria en un plan que abarca doce años, entre un alquiler de largo plazo y la compra de algunos de sus activos. Una operación que podría significar un capítulo más en el vaciamiento, separando a dichos activos (que pasarían a manos de sus accionistas) por fuera del concurso de acreedores.

El presidente del actual Directorio Omar Scarel, es uno de los más de diez acusados en la justicia penal por delitos de estafa.

Vicentín es una empresa que desde hace décadas llevan negocios "non sanctos". Sin ir más lejos, cabe recordar, a poco de cumplirse 46 años del golpe militar de 1976, que entregaba a sus obreros, especialmente a activistas y delegados que se organizaban por sus reclamos. Así también se benefició con las distintas medidas desreguladoras de Martínez de Hoz y Domingo Cavallo durante la dictadura y es parte del selecto grupo de empresas que "socializaron sus deudas privadas" al ver estatizada una deuda de 2 millones de pesos de ese entonces.

Si bien no era suficiente con una expropiación de la empresa Vicentin (que el Gobierno proponía haciéndose cargo de las deudas de la empresa y no una expropiación sin pago como proponía la izquierda) para avanzar en una verdadera soberanía alimentaria, lo que dejó en claro el retroceso del Gobierno es que no estaría, dispuesto a enfrentar a los poderes concentrados. Y así lo hace ahora, con medidas "chasquibum" frente a los precios, mientras de otra parte aplica las recetas ortodoxas que pide el FMI: aumento de la tasa de interés, ajuste fiscal, reducción del financiamiento del Tesoro por el Banco Central.

Un verdadero control estatal del comercio exterior en manos de los trabajadores (es decir, estatizando las pocas empresas que hoy tienen el monopolio privado del comercio exterior), permitiría dotar de mayores herramientas para "combatir" la inflación: evitando la especulación, las maniobras fraudulentas y la fuga de capitales, controlando los millones de divisas que entran por exportaciones, así como un freno al traslado de los precios internacionales de los alimentos al mercado local.

LID Por Lucía Ortega