JUJUY: Multisectorial de la Quiaca denuncio en Buenos Aires "la represión" del sistema estatal provincial

El vocero y máximo referente de la multisectorial vecinal de la Quiaca, el
sacerdote Jesús Olmedo, se encontraba por estos días en la ciudad de Buenos Aires realizando varias denuncias tendientes a esclarecer la situación de la puna en general, efectuando puntualmente dos denuncias formales, una en la AFIP – DGA (administración federal de ingresos públicos – dirección general de aduanas) por el tema calificado por los asambleístas como, "éxodo de mercaderías por la frontera en forma ilegal", y otra denuncia formal ante organismos de derechos humanos y estrados judiciales por la represión suscitada el pasado seis de junio por parte de la guardia de infantería de la policía jujeña, durante el desalojo de la municipalidad quiaqueña.

La indignación de la multisectorial por el trato que le están dando al tema de la represión policial del pasado mes de junio en La Quiaca, y en
particular del sacerdote Olmedo, tiene que ver puntualmente con una nota enviada al concejo deliberante local a pedido de este organismo a la jefatura de la policía jujeña, misiva a la cual accedió, mediante copia, la multisectorial y que lleva la firma del propio jefe de la fuerza de
seguridad el comisario general Pablo Santillán, donde textualmente se
minimizan los hechos acaecidos el seis de junio pasado, desconociéndose el trasfondo de lo acontecido en in situ en torno al desenvolvimiento del accionar policial, desde la noche del cinco hasta la mañana del seis del mes pasado.

En la nota, que fue leída y repudiada en público por el padre "Jesús", se
hace referencia a que "en la irrupción no se produjeron inconvenientes dado que los ocupantes inmediatamente salieron por sus propios medios y sin oponer resistencia, por lo tanto el desalojo fue solo cuestión de minutos", situación esta que llevó al religioso a preguntarse "¿Cómo se puede mentir tanto y en tan poco tiempo?" debido a que lo que está rezando en la nota dista demasiado de la realidad, ya que en las imágenes televisivas y archivos fotográficos, se puede apreciar claramente como una de las puertas laterales del municipio es abierta a machetazos por los bomberos y luego ingresaron al lugar uniformados con bastones casos y escudos antimotines.

Así mismo, en la nota firmada por el comisario Pablo Santillán se puede leer que concluido el desalojo "manifestantes que habían arribado a esta ciudad horas antes y, que se hallaban apostados en las inmediaciones, iniciaron una incesante pedrea a los efectivos de infantería que resguardaban el edificio comunal, por lo que se vieron precisados de utilizar elementos disuasivos, al ser superados en la agresión con piedras, las cuales provocaron lesiones a varios efectivos además de daños en vehículos policiales", versión que no concuerda fehacientemente con lo que realmente ocurrió, debido a que los
efectivos de la guardia de infantería que avanzaron por la calle Pellegrini,
esa mañana a una cuadra de la municipalidad, lo hicieron lanzando balas de goma y gases lacrimógenos contra la humanidad de mujeres, niños y el propio Jesús Olmedo quién recibió dos perdigones de goma en su pierna, y no arremetieron solamente contra los manifestantes llegados desde la capital provincial, teniendo como testigo de los hechos a las imágenes televisivas, "hasta fotografías de la propia policía" señaló Olmedo.

De igual modo, la nota enviada al concejo deliberante quiaqueño deja
trascender los nombres de los autores de la denuncia penal, que derivó en el violento desalojo y el inusitado uso de la fuerza colectiva de los
uniformados a cargo del desenvolvimiento del operativo, destacándose los nombres de los actuales funcionarios municipales Tomás Ignacio
González (contador municipal), Juan Carlos Flores (secretario de hacienda) y Luis Francisco Salinas (secretario de gobierno).

En referencia a la participación en la protesta del obispo de la prelatura
de Humahuca, Monseñor Pedro Olmedo, su hermano Jesús Olmedo manifestó "no es cierto como dijo el intendente y la policía que el obispo intentaba persuadirme para que abandonara el reclamo frente al municipio, el obispo era parte de la protesta y estuvo con nosotros desde la noche del jueves hasta que nos molieron a palos en la mañana del viernes seis de junio".

El sacerdote Jesús Olmedo refirió además que "los que nos denunciaron nos denunciaron por el delito de turbación penal según esta nota ", refiriendo tácitamente que "en la misma nota firmada por el comisario general Santillán, dicen que actuaron solamente cincuenta policías de las comisarías de la unidad regional 5, destacándose un gran porcentaje de efectivos de sexo femenino quienes ingresaron sin elementos disuasivos", lo que más adelante Olmedo caratulo como "una gran mentira", al igual que la afirmación que se realiza desde la fuerza, donde esgrimen que "al interior del municipio para el desalojo de sus ocupantes actuaron e ingresaron más mujeres policías que personal masculino", lo que vuelve a contrastar con las imágenes y registros fotográficos del momento, donde se ven claramente a los efectivos masculinos con cascos, escudos y bastones en el interior de la planta baja del edificio comunal empujando, golpeando y arrastrando a todo el mundo, sin distinción de niños, mujeres embarazadas, ancianos y hasta
lisiados, como el caso del presidente de la comisión de desocupados, José Luis Martínez quien fue arrastrado literalmente hacia fuera, dejando en el camino sus dos muletas, sentenciando sobre esta situación el padre Jesús que "son uno cobardes porque se quieren esconder detrás de las mujeres….cobardes".

Sobre la nota de la jefatura policial, el vocero de la multisectorial
manifestó que "el que escribió esto, cuando lo hizo seguramente no estaba en sus cabales o no está bien informado, porque este funcionario policial no estuvo acá en La Quiaca cuando nos reprimieron y, seguramente se dejó llevar por los informes erróneos elevados por el jefe del operativo el comisario Nicolás Paredes", indicando así mismo que para contrastar con estos dichos inequívocos

"contamos con videos del momento que los vamos a pasear por todos lados para que se entere el jefe Santillán de cómo fue la cosa y así lo vamos a denunciar".

Sobre las denuncias realizadas en la AFIP – DGA, Jesús Olmedo aseveró
"existen actualmente en La Quiaca unos sesenta empresarios que están
recibiendo cupos y no sabemos a donde va esa mercadería, como la harina que llega en bolsas de cincuenta kilos, que está prohibido pasarlo y la pasan igual, por cantidades de un millón cuatrocientos cincuenta mil kilos solamente en el mes de junio", situación que fue denunciado con papeles en la ciudad e Buenos Aires"

Especificando sobre el tema en cuestión "no se si en un radio de cuarenta kilómetros, como marca la resolución aduanera, se pueden consumir esta cantidad de harina sin saber fehacientemente adonde va el resto e la harina que obviamente no se consume en área denominada de consumo y establecida por la resolución Nº 2048" refiriendo puntualmente que la harina está llegando a la ciudad de La Paz -Bolivia - y Lima – Perú – " de forma ilegal".

El documento que denuncia la situación en esta frontera, y que fue elevado a la administración federal de ingresos públicos expresa textualmente "la multisectorial de la ciudad de La Quiaca, integrada por organizaciones sociales, CCC, corriente del pueblo, comisión de desocupados, centros vecinales, municipales cesanteados, comunidades aborígenes de los departamentos de Yavi y Santa Catalina y vecinos, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de denunciar irregularidades en el tráfico comercial fronterizo entre las localidades de La Quiaca y Villazón, íntimamente relacionada con la resolución aduanera Nº 2048".

La denuncia ante el organismo recaudador, también cita mas adelante "vemos a diario con resignación la falta de control en el complejo fronterizo, con las bolsas de cincuenta kilogramos que son trasladadas sin un fraccionamiento en bolsas de un kilogramo como está previsto en un convenio estipulado, como así también se introducen a Bolivia cantidades mayores de mercaderías a las permitidas por el régimen de cupos", así mismo en el documento se expresa "a nuestro modesto entender esta actitud está fomentando una evasión millonaria al fisco.

Destacándose más adelante en la denuncia presentada en Buenos Aires, que "esta situación complican cada día más los precios de la canasta básica, como el aceite, el arroz, la harina y el azúcar, los que son separados de los mostradores en los comercios, para luego ser vendidos solamente a compradores bolivianos quienes pagan exorbitantes precios, habiendo efectuado esta denuncia también al administrador de la aduana nacional de La Quiaca y la regional de Salta, posteriormente debatida en una mesa de concertación con autoridades provinciales, sin que a la fecha nadie ofreció una justificación al respecto".

Finalmente, desde la multisectorial se manifestaron a favor del ofrecimiento de dos semanas a las autoridades nacionales, para que estas dispongan las respuestas a las denuncias formuladas, tanto para el caso de la represión policial como el tema del paso ilegal de mercaderías hacia Bolivia.