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Jujuy: Una nueva causa recae sobre Milagro Sala

El juez Llermanos cambió la carátula de una causa abierta a Sala por hechos sucedidos en 2007. La situación procesal de la dirigente social se agrava, mientras el PJ-FpV presentó denuncia en su contra.

29 de abril de 2016

Una nueva imputación penal recayó sobre Milagro Sala por parte del juez Pablo Pullen Llermanos. El día miércoles el juez ordenó un cambio de carátula en la imputación original por “encubrimiento agravado” a una causa por “tentativa de homicidio” por un enfrentamiento armado en 2007. Estos hechos son del 27 de octubre de 2007 en el barrio San Francisco de Alava de la ciudad de San Salvador de Jujuy. A Milagro Sala se la acusaba de haber favorecido a los prófugos involucrados en el enfrentamiento, Jorge Rafael Páez y Fabián Ávila, quienes se encuentran detenidos.

Luego de los hechos de 2007, Alberto “Beto” Cardozo, dirigente de la Red de Organizaciones Sociales, quien estuvo en los enfrentamientos denunció a Páez y Ávila por “tentativa de homicidio”. Esta semana Cardozo también fue detenido.

La nueva causa sobre Sala es porque el juez considera que la dirigente social y diputada del Parlasur “ordenó a Ávila que lo vaya a matar a Cardozo, a cambio de una remuneración”. Este cambio de carátula ocurre el mismo día en que el Tribunal Oral Federal suspendió el juicio a Sala y a otros dirigentes de la Tupac Amaru por un escrache realizado al entonces senador Gerardo Morales en 2009. En aquellos hechos Sala no estuvo presente, sin embargo, la causa avanzó al juicio oral.

Sala continúa detenida desde el 16 de Enero pasado por un acampe frente a la Casa de Gobierno por una reclamo de los cooperativistas. Desde ese entonces desde el gobierno provincial se lanzó una lluvia de causas que la Justicia adicta que conformó Gerardo Morales ejecuta de manera express.

Por el lado del PJ-FpV alentaron a sus ex intendentes patrocinados por el exministro de Justicia de Fellner, Alberto Matuk, a presentar una denuncia contra los cooperativistas de la Tupac Amaru por amenazas. Mediante este accionar intentan desligarse de las denuncias de corrupción que inició el gobierno de Gerardo Morales y que involucraría a los intendentes radicales y peronistas. Esta decisión del PJ-FPV muestra un giro de impunidad acorde a defender los privilegios del régimen peronista-radical que gobierna desde 1983 la provincia. Y que no hace más que reforzar la persecución de la derecha radical-massista que gobierna en Jujuy.

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