Jujuy: imputan a funcionarios radicales acusados de fraude al Estado

Se conoció la imputación de funcionarios radicales del municipio capital por una de las causas que mantiene presa a Milagro Sala. El PJ-FpV presentó una denuncia contra la Tupac Amaru.

A fines de la semana pasada el fiscal Diego Cussel, habilitado en la Fiscalía N° 1 y en reemplazo de la fiscal Liliana Fernández de Montiel imputaba a tres ex funcionarios municipales de la gestión del actual intendente radical Raúl “Chuli” Jorge, vicepresidente del partido a nivel nacional, y compañero de campaña del propio gobernador de la provincia, Gerardo Morales, en la causa caratulada como “Fraude al Estado en las 150 hectáreas de Alto Comedero”.

Se trata de Javier Bustos, que se desempeñaba como secretario de Obra Pública; Karina Argañaraz, ex tesorera; y Norma Aguirre, ex sub contadora que actualmente es parlamentaria del Mercosur.

LLama la atención la demora en la imputación de funcionarios municipales de San Salvador de Jujuy y otros municipios de la provincia que tuvieron una directa participación en los trámites que realizaban las cooperativas para ejecutar las obras y sobre los cuales desde el gobierno de Gerardo Morales hicieron denuncias de corrupción.

Se sabe que los recursos provenientes del Estado Nacional llegaban a través de las municipalidades por lo que sus funcionarios jerárquicos no podían no estar al tanto de las operaciones de estas. En muchos casos, estos empleados jerárquicos prestaban conformidad con sus firmas avalando lo realizado por las organizaciones sociales.

Con igual lógica y siguiendo la cadena de responsabilidades, la justicia que hasta ahora se mostró complaciente y tolerante con los funcionarios radicales, debería indagar al intendente Raúl Jorge sobre su participación y responsabilidad en esta causa. Recordamos que los cheques para habilitar las obras de las cooperativas eran firmados por los intendentes.

UCR y PJ-FpV pactan impunidad de los funcionarios

El día miércoles 27 el matutino Página 12 publicaba en su edición web una denuncia que implica a funcionarios locales de la UCR y el PJ. De acuerdo a la denuncia que fue presentada ante el fiscal en la Penal n°2, ex intendentes del PJ-FPV como Alberto F. Ortiz (Palpalá), Jorge Alé (Libertador Gral. San Martín), Nilson Ortega (Monterrico), Julio Moisés (San Pedro), Gustavo Bautista (La Esperanza) y el actual intendente de Perico, Rolando Ficoseco dejaron constancia que ellos “ante las presiones e intimidaciones” de las Cooperativas de la Tupac Amaru se limitaban a pagar los fondos enviados por la Nación sin verificar el estado de los planes de viviendas en obra. Alberto Matuk (diputado PJ-FpV, ex ministro de gobierno y justicia de Eduardo Fellner) es el letrado que patrocina la presentación.

Esta denuncia evidencia la connivencia de ambos partidos, artífices del nefasto bipartidismo peronista-radical provincial, para intentar salvar a funcionarios afines y desligarse de quienes fueron sus socios electorales en 2011 y 2015 y con quienes dirigieron la asistencia social en la provincia. La política del PJ-FpV no hace más que fortalecer la persecución política de los fiscales y jueces que responden al gobierno de Gerardo Morales, mientras avanzan los despidos y el ataque al salario mediante la inflación. El régimen de partidos patronales están más que embarrado en el mismo lodo de corrupción e impunidad.