Fue tras el generalizado rechazo a la decisión de la Cámara de Casación de dejar en libertad a represores como Astiz y El Tigre Acosta.
La Cámara emitió una resolución que dispuso el fin de la prisión domiciliaria y el traslado a Campo de Mayo del genocida.
Videla está procesado por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura.
Según la resolución no existe examen médico que justifique que deba permanecer bajo arresto domiciliario.
La decisión de trasladar al epresor fue tomada en el marco de la investigación por el plan sistemático de sustracción de recién nacidos durante la dictadura militar y por el presunto secuestro a los empresarios Gutheim.
El cese del beneficio fue reclamado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por un grupo de "Abuelas de Plaza de Mayo", que actúan como querellantes.
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