La acusación se presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La acción de las autoridades provinciales fue en perjuicio de Horacio Juárez, secretario general de la Asociación de Trabajadores Judiciales y de sus afiliados.
Estos se encuentran realizando medidas de fuerza exigiendo que se aplique la Ley de Presupuesto.
En represalia por los reclamos legítimos de los trabajadores, Juárez fue sancionado días atrás privándosele de su salario y pidiendo su trasladado de tarea e, incluso, la posibilidad de su cese como funcionario judicial,
De llevarse a cabo esa medida significaría una violación a la Constitución Nacional, al principio de "libertad sindical".
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