La autopista de acceso a Salta sin demarcación de carriles es un peligro cotidiano

La falta de demarcación de los carriles de la ruta 9, autopista de acceso desde la circunvalación con la ruta nacional 34, trayecto de 45 kilómetros, y que permite el ingreso y salida a la ciudad de Salta, es un peligro latente, sobre todo durante la noche, al no tener los conductores señalizado los carriles y los costados de la ruta.

Esta vía de comunicación terrestre, está bajo la concesión de una estación de Peaje “La Lagunilla” desde la década del 90, justificación esgrimida durante la gobernaciones del peronista liberal Juan Carlos Romero para solventar la ampliación a dos carriles por mano de esta ruta, estableciéndose en uno de los peajes, pago por transitar esta vía, de los más caros de la Argentina. El conductor abona con I.V.A incluido dos pesos con cincuenta por el tránsito de tan solo 45 kilómetros.

Los baches y el desnivel de esta vía de comunicación, visibles durante jornadas de precipitaciones, formando lagunas y un gran peligro para quienes la transitan, se suman a la falta de pintura de señalización sobre los carriles y los márgenes autopista de acceso, convirtiéndola en un peligro constante, ya que los conductores no ven la ruta de noche, teniendo como alternativa utilizar las luces altas, encandilando a los que circulan por los carriles de la otra vía, e inversamente.

La rentabilidad que genera el pago cotidiano por transitar la ruta de acceso a Salta a grupos económicos y la falta de inversión de estos, se trasluce en la falta de mantenimiento, y por ende deterioro de esta vía de comunicación terrestre, que pone en peligro de muerte a quienes transitan por ella. El deterioro de la ruta deja al descubierto el gran negocio en detrimento de vidas humanas, de quienes se benefician con estas concesiones conformadas como S.A. beneficiadas desde la aplicación del sistema neoliberal implementado en la Argentina por el peronismo en la década del 90, y en Salta por el ex gobernador y actual Senador por este Partido Juan Carlos Romero.

Urge que el gobierno actual, modifique las normas de estas concesiones, debiendo obligar a estos grupos económicos a invertir mayor dinero de sus ganancias en la ruta que concesionan. O culminar con estas licencias, delegando al estado la administración de esta ruta, amparados ante la renta que aportan los contribuyentes para mantener el sistema, y que el mismo deje de ser un negocio para pocos y se convierta en un servicio seguro público y gratuito.