Las semejanzas entre las restricciones a la protesta en Chile durante la dictadura de Pinochet y la Ley aprobada que regula las protestas en Salta, debilitan el sistema Republicano

En un contexto histórico más amplio, las medidas adoptadas en la provincia de Salta, Ley aprobada por ambas Cámaras Legislativas, que regula las protestas y cortes de ruta y calles presentan ciertas similitudes con las restricciones impuestas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, durante la dictadura de este genocida. Aunque las circunstancias políticas y los contextos son diferentes, se pueden identificar paralelismos preocupantes.

Una de las similitudes más destacadas es la exigencia de autorización previa para llevar a cabo manifestaciones públicas. Durante la dictadura de Pinochet en Chile, el Decreto Ley N° 27 prohibió las protestas sin autorización previa, imponiendo restricciones significativas al derecho a la libertad de expresión y reunión. De manera similar, la ley aprobada en Salta establece que las manifestaciones y los cortes de vías públicas deben ser notificados con anticipación a las autoridades, limitando así el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Dispersar por la fuerza la protesta

Otro punto de convergencia es el poder otorgado a las fuerzas de seguridad para intervenir y desalojar a los manifestantes que obstruyan el tránsito sin autorización. Durante el régimen de Pinochet, las fuerzas policiales y militares tenían la autoridad para utilizar la fuerza y dispersar las protestas no autorizadas. En Salta, la ley contempla la posibilidad de que las autoridades desalojen a los manifestantes que bloqueen vías públicas sin permiso, lo que puede dar lugar a situaciones de represión y violencia.

Además, tanto en Chile como en Salta, se establecen sanciones penales para aquellos que participen en manifestaciones no autorizadas. Durante la dictadura chilena, aquellos que organizaban o participaban en protestas sin permiso podían ser detenidos y procesados. De manera similar, la ley en Salta prevé sanciones que van desde multas hasta penas de prisión para quienes no cumplan con los requisitos establecidos.

Restringir el derecho a la protesta y a criminalizar la movilización social

Estas similitudes son motivo de preocupación, ya que sugieren una tendencia a restringir el derecho a la protesta y a criminalizar la movilización social legítima en ambas situaciones. Los defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión deben estar atentos y velar por que estas medidas no sean utilizadas para limitar injustamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, tal como ocurrió durante la dictadura chilena.

En conclusión, las similitudes entre las medidas adoptadas en Salta y las restricciones impuestas durante la dictadura de Pinochet en Chile son preocupantes. Ambas situaciones plantean interrogantes sobre el equilibrio entre el mantenimiento del orden público y la protección de los derechos ciudadanos. Es fundamental que se respete y garantice el derecho a la libre expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente en cualquier contexto democrático, evitando repetir errores del pasado que socaven las libertades fundamentales de los ciudadanos. (DM)

Texto completo del decreto que prohibió las manifestaciones públicas sin autorización previa en Chile durante la dictadura

El Decreto Ley N° 27, promulgado por la Junta Militar liderada por Augusto Pinochet el 18 de septiembre de 1973, fue una de las primeras medidas tomadas por el régimen militar en Chile después del golpe de Estado. Este decreto prohibió las manifestaciones públicas sin autorización previa, imponiendo restricciones significativas al derecho a la libertad de expresión y reunión.

El Decreto Ley N° 27 estableció que cualquier reunión, marcha, concentración o manifestación pública requería la autorización previa de las autoridades. Para obtener esta autorización, los organizadores debían presentar una solicitud formal, detallando la naturaleza y el propósito de la manifestación, así como la fecha, hora y lugar propuestos. La autorización estaba sujeta a la discreción de las autoridades y podía ser negada sin justificación.

Esta medida tuvo un impacto drástico en la capacidad de la población para expresar su descontento o inconformidad con el gobierno militar. Se utilizó como una herramienta para restringir y controlar las protestas y las voces críticas. Las autoridades tenían un amplio margen de discreción para negar la autorización, lo que les permitía suprimir eficazmente cualquier forma de disidencia.

Además de las restricciones para obtener la autorización, el Decreto Ley N° 27 también estableció sanciones penales para aquellos que participaran en manifestaciones no autorizadas. Se estableció que cualquier persona que organizara o participara en una manifestación no autorizada podría ser detenida y procesada por violar la ley. Estas sanciones iban desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El decreto también otorgó amplios poderes a las fuerzas de seguridad para dispersar y reprimir las manifestaciones no autorizadas. Las fuerzas policiales y militares tenían la autoridad para utilizar la fuerza, incluyendo el uso de armas, para disolver las protestas y arrestar a los participantes.

La implementación del Decreto Ley N° 27 generó un clima de temor y represión en la sociedad chilena durante el gobierno de Pinochet. Las restricciones a las manifestaciones públicas limitaron significativamente la capacidad de la población para expresar sus demandas y protestar contra el régimen militar. Esto se sumó a otras medidas represivas, como la persecución política, la tortura y las desapariciones forzadas, que caracterizaron el período de dictadura en Chile.

Cabe destacar que, tras el fin del régimen militar en 1990, el Decreto Ley N° 27 fue derogado y reemplazado por legislación que garantizaba el derecho a la libertad de expresión y reunión en el país.