Legisladores porteños repudian accionar represivo de policía salteña

Los legisladores por Proyecto Sur Julio Raffo, Adrián Camps y Jorge Selser repudiaron la represión que sufrió este miércoles por la mañana, la comunidad Lules, que trabaja sus tierras ancestrales a 15 km de la capital salteña, y exigieron el cese inmediato de la criminalización, hostigamientos, represión y despojo de este pueblo, por parte de las autoridades locales y policía de la provincia de Salta, incluyendo la “desmilitarización” de la zona.

Además, los diputados porteños reclaman la efectiva intervención del Estado Nacional a través de los organismos competentes, a fin de garantizar a las 250 familias los derechos violentados en cumplimiento de los pactos internacionales oportunamente suscriptos y la legislación nacional vigente.

Urtubey ha autorizado, mediante permisos ilegítimos, al Jockey Club de Salta a la construcción de canchas de Rugby dentro del área de las tierras que tradicionalmente ha ocupado la Comunidad Lules. Por estos momentos, los representantes de dicho club intentan iniciar el proceso de construcción a como dé lugar con la colaboración de las fuerzas policiales salteñas, quienes hoy reprimieron brutalmente a comuneros de la zona y agredieron a periodistas que intentaban registrar el accionar de quienes parecen actuar en el marco de la más absoluta impunidad.

Estos hechos no hacen más que evidenciar acciones ordenadas, o al menos toleradas, por el Gobierno de Salta para con las fuerzas policiales, que nos retrotraen a las peores épocas del terrorismo de Estado en la Argentina, y revelar la connivencia de los intereses privados y del Estado provincial.

Ante la incesante, sistemática y violenta embestida del Gobierno de Salta para con los Pueblos Originarios y sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución de la Provincia de Salta en su artículo 15, por la Constitución Nacional de la República Argentina en su artículo 75, inciso 17, el Convenio Nº 169 de Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resulta oportuno abogar por una sociedad respetuosa de la cultura de los pueblos preexistentes y la biodiversidad, en la que prime el Estado de Derecho, las Garantías Constitucionales y el Orden Internacional por sobre los intereses económicos impuestos por la fuerza o por la corrupción.