Los jubilados y la toma de edificios públicos

En vísperas de ser tratada por el Senado de la Nación la ley con media sanción de la Cámara de Diputados por la que se establece la aplicación del 82% móvil sobre las jubilaciones mínimas y la recomposición de los haberes para las diferentes escalas, los jubilados venimos observando indignados el doble discurso y la conducta bipolar del oficialismo, consistente en neutralizar ese legítimo derecho alegando insuficiencia de recursos, mientras dilapida los fondos de la ANSeS destinándolos a diferentes fines para los que fueron establecidos.

Al mismo tiempo, la señora Presidente y muy especialmente su cónyuge, el ex presidente y actual diputado con inasistencia perfecta, como todos sus obsecuentes seguidores, pregonan al unísono la gacetilla engañosa y cruel que busca confundir al ciudadano no informado, en el sentido que ellos han sido los que más han favorecido a la clase pasiva.

El intento de neutralización del oficialismo se lleva a cabo citando un argumento falaz, en cuanto a que la aplicación de dicha ley no es sustentable en el tiempo, cuestión reiteradamente desmentida con datos y cifras de fuentes confiables del área económica y técnica de la Seguridad Social. Sería así en tanto y en cuanto el Poder Ejecutivo siga utilizando los fondos que nos pertenecen para sus objetivos clientelistas y electoralistas de perpetuación en el poder.

Consecuentes con dicha indignación, los jubilados y pensionados del país, a través de sus organizaciones, estamos reconsiderando una vieja idea que habíamos desechado por considerarla inapropiada en un Estado de Derecho, pero en vista del respaldo que la señora Presidenta le ha dado a los estudiantes secundarios que tomaron las casas de estudios, suponemos que -de decidir nosotros tomar las instalaciones de la ANSeS por no aplicar debidamente en sus liquidaciones de beneficios previsionales los criterios ordenados en los fallos de la Suprema Corte de Justicia y por su reiterado incumplimiento y demora en el pago de las sentencias judiciales; y/o tomar los diez juzgados de la Cámara de la Seguridad Social en razón de la falta de resolución de los 400.000 juicios acumulados; y/o tomar el Senado de la Nación en caso de que éste no apruebe la ley que cuenta con media sanción de Diputados por la que se establece la aplicación del 82% móvil a todo el sector pasivo; y/o cortar calles y puentes; y/o organizar piquetes, etc.,- ya que contaremos, coherente y merecidamente, con el mismo apoyo que la Primera Magistrada le ha otorgado a todos aquellos sectores que a diario se vienen movilizando, con supuestas justas razones, para lograr sean atendidas sus respectivas peticiones.

Así y todo seguimos confiando que, de funcionar las Instituciones Republicanas con la independencia funcional y ética que la Constitución instituye, nuevamente desecharíamos esa forzada idea no acorde con nuestra idiosincrasia y tradicional conducta. Si así no lo hiciéramos, que Dios y la Patria nos lo demande.