Pelea con la Corte. Juicio político a Rosatti: una ofensiva del Gobierno que tiene mucho de campaña electoral

La decisión oficial de pedir el juicio político al titular de la Corte Suprema parece destinada a instalar una agenda política alrededor de los problemas con el Poder Judicial. La iniciativa tiene pocas posibilidades de avanzar dada la paralización en la Cámara de Diputados.

El 2023 empezó tenso a nivel político. Apenas iniciado el nuevo año se conoció un mensaje de la Presidencia de la Nación en la que se anunciaba el intento de avanzar con un juicio político contra Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema.

En el texto que se conoció -firmado por el presidente Alberto Fernández- se lee: “He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.

El anuncio es un paso más en el enfrentamiento que viene protagonizando el peronismo gobernante contra el Poder Judicial, que actúa en bloque con la oposición de derecha de Juntos por el Cambio y gran parte de la corporación mediática opositora. Un enfrentamiento que, aunque se prolonga desde hace tiempo, pegó un salto en las últimas semanas, luego de la Corte Suprema fallara a favor del Gobierno de CABA en una discusión sobre fondos de coparticipación.

La decisión del presidente y los gobernadores provinciales tiene pocas posibilidades de avanzar. Para hacer efectivo el pedido de juicio político, este tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputados de la nación. En este caso, la votación necesita de una mayoría de dos tercios. Ese número aparece hoy como casi completamente inalcanzable para el oficialismo nacional. De hecho, en la Cámara baja lleva semanas sin funcionar por la imposibilidad de lograr el quórum para tratar diversos proyectos.

Es por esto, en primer lugar, que la presentación tiene bastante aroma a campaña electoral. A un intento de instalar una agenda de discusión política alrededor de una suerte de “guerra” contra el Poder Judicial. Teniendo en cuenta los resultados de la política oficial en el terreno económico-social, resulta lógico que se priorice una agenda así.

Esos resultados son el producto de una ajuste abierto en el terreno de la economía, donde solo existen matices entre el oficialismo del Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio. A pesar de todas las tensiones políticas y los cruces, ambas coaliciones políticas patronales respaldan e impulsan el ajuste acordado con el FMI. (LID)