Rechazan el aval que la Corte Suprema de Justicia daría a los represores Antonio Domingo Bussi y Luis Patti.

El Máximo Tribunal sostiene que el Congreso no tiene facultades para impedir la asunción de los genocidas. La decisión generó rechazo entre los organismos de derechos humanos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un escrito donde respaldó la determinación tomada por los legisladores.

También señaló que el Estado está obligado a impugnar y separar de cargos públicos a personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. /MC

Fuente: Informativo Madres