SALTA: Ordenamiento Territorial cuestionado por Comunidades originarias

Integrantes de la UCAV (Unión de Comunidades aborígenes Victoreñas) consideran como imposición y poco serio el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta provincia que asigna a las comunidades originarias decidir que lugares serían aptos para el desmonte.

La UCAV, como La Comunidad Guarany de Hipólito Yrigoyen entre otras, consideran su desacuerdo en razones culturales de no dañar el medio ambiente, la tierra y que la metodología engañosa puesta en practica por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable tiende a confundir a las Comunidades y avanza sobre conceptos monetarios para el acuerdo ante la pobreza a las que son sometidas los pueblos originarios que hoy son desplazaos por la tala indiscriminada del bosque de sus lugares de origen a vivir en asentamientos y de forma precaria en verdaderos bolsones de pobreza en las periferias de las principales ciudades del norte de la provincia de Salta.

El avance en la enajenación de las culturas originarias en el norte de la republica argentina encuentra hoy a los pueblos ancestrales en una constante regresión histórica. En el Departamento San Martín, provincia de Salta, cientos de familias aborígenes son explotados en el trabajo de destroncar los desmontes autorizados por el cuestionado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. No tienen agua potable y los explotadores patrones les pagan por familia 200 pesos mensuales, les venden el Kilo de azúcar a cinco pesos. Viven bajo plásticos con temperaturas que sobrepasan los 45 grados bajo la sombra.

Hace un mes dos niños de un mes y dos años fallecían por desnutrición en la finca Nuevo Horizonte, ubicada en el paraje Caraguata distante a 80 kilómetros de la ciudad de Tartagal, al norte de la capital de Salta. Los pequeños no habían ingerido alimentos y tomado agua durante tres días.

Las Comunidades originarias plantean fundamentalmente como eje de discusión la tenencia comunitaria definitiva de sus tierras, que los estados nacional y provincial burocratizan en detrimento de los pueblos originarios avalando una política de desmonte como también la explotación minería y sus secuelas de contaminación que tienen como objetivo un beneficio millonario para grupos empresariales en muchos casos integrados por políticos y funcionarios estatales y el empobrecimiento como hoy la esclavitud de los pueblos originarios.