SAN JUAN: El gobierno y la legislatura aprobaron una ley represiva contra toda forma de protesta social.

Se trata de la norma 7819.

En su artículo 113 califica como acto turbatorio anunciar los desastres que provocará la minería predatoria y niega el derecho a utilizar parlantes en una movilización.

También prohíbe los escraches al penalizar al que “realice reuniones tumultuosas en perjuicio o en ofensa de persona determinada”.

La ley anuncia que aquellos que la violen “serán sancionados, con multas de cien a trescientos pesos, instrucciones especiales, trabajos de utilidad pública, clausura y arresto de hasta treinta días”.