Mientras el país enfrenta una difícil situación económica, la implementación del voto electrónico por capricho de estrategia electoral es un despilfarro de recursos públicos.
La empresa Magic Software Argentina fue la única que se presentó a la licitación para el sistema de Boleta Única Electrónica en Salta y se encamina a volver a prestar sus servicios a la provincia. Esta vez será por $5.300 millones; un gasto innecesario en tiempos de crisis.
En un contexto donde la inflación golpea los bolsillos de los ciudadanos y el déficit fiscal obliga al gobierno a tomar medidas de ajuste, la decisión de destinar 5.300 millones de pesos a un sistema de voto electrónico resulta, cuanto menos, controversial. Se trata de una inversión millonaria en un mecanismo que ha sido cuestionado en distintos países -incluso en Salta- por su vulnerabilidad y altos costos de implementación.
No fueron pocos los especialistas que advirtieron que el voto electrónico no garantiza mayor transparencia ni seguridad en los comicios. Por el contrario, experiencias en otros países han demostrado que este sistema puede ser susceptible a hackeos, fallas técnicas y manipulación de resultados. Además, la auditoría de estos procesos se torna más compleja, lo que pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
Mientras tanto, áreas fundamentales como la salud, la educación y la seguridad padecen una alarmante falta de recursos.
Comisarías sin patrulleros ni papel para imprimir las denuncias, hospitales con insumos insuficientes y escuelas con infraestructura deteriorada son solo algunos ejemplos de prioridades desatendidas por el Gobierno de Gustavo Sáenz. En este marco, gastar una suma millonaria en un sistema electoral cuestionado parece una decisión difícil de justificar.
La austeridad en la administración del gasto público es una demanda constante de la sociedad, especialmente en tiempos de crisis. Destinar 5.300 millones de pesos a una medida innecesaria no solo refleja una falta de sensibilidad ante las urgencias reales del país, sino que también abre el interrogante sobre cuáles son las verdaderas prioridades de quienes toman las decisiones. (Opinorte)
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