Salta: Referentes populares vinculan a políticos en trama de asesinatos y miedo social

La desaparición y luego asesinato de la joven Claudia Marisol Campos de 16 años en la localidad de Morillo, y la muerte del desocupado Pablo Moreno que según sus familiares también fue asesinado, instituyen un contexto de violencia inusual en Salta. Que tendría como indicador a referentes políticos corruptos y captados por el narcotráfico en esta provincia, y cuyo fin sería establecer el miedo social.

En el caso de la joven Campos quien se manifestaba y denunciaba junto a su tía Lucía Ruiz una activista campesina, contra los continuos actos de corrupción de Atta Gerala intendente de Coronel Juan Solá –Morillo -y que desapareciera el viernes 18 de marzo, y encontrada en el monte en la tarde de este miércoles, muerta, con signos de tortura, alertan sobre grupos mafiosos. Que tienen como fin acallar por medio de asesinatos, a referentes sociales que vinculan a políticos con bandas de narcotraficantes y hechos de corrupción institucionalizada en Salta, afirmaron activistas sociales, que pidieron la reserva de sus nombres en declaraciones a La Agencia de Noticias Copenoa.

Apropiación de tierras y protestas por desocupación

La apropiación de tierras fiscales realizada por funcionarios públicos, concretadas ante el amparo de grupos corruptos enquistados en oficinas públicas fiscalizadoras, expulsan de sus tierras a cientos de familias aborígenes y criollas que habitan ancestralmente el norte salteño, tal es el caso de las comunidades originarias, confinadas a vivir por el ilegal, y arbitrario desalojo, en las periferias de las principales ciudades del norte salteño, acrecentando los bolsones de pobreza, y asistencialismo.

Quienes se quedan, confrontan a diario con la desocupación. Que se disemina ante la corrupción de empresas privadas que operan en la zona, que generan expectativas laborales, pero que no satisfacen la creciente demanda. La falta de control estatal, que regule en cantidad los puestos de trabajo genuino para los pobladores, crea un reclamo organizado en unión de esfuerzos de estos ciudadanos excluidos que conforman organizaciones de desocupados, que tienen como fin, agrupar el reclamo social de inclusión.

La falta de compromiso de funcionarios del ejecutivo, ante esta problemática, conllevan a que los reclamos se muten ante la opinión publica de los excluidos como violentos. Tal es fue el caso de la protesta realizada a mediados del 2015, en la localidad de Morrillo, donde la policía reprimió una protesta de desocupados aborígenes y criollos, que dejo a dos policías heridos con quemaduras y decenas de manifestantes heridos con perdigones de bala de goma.

Historia de apropiación y beneficiados

A las denuncias sobre apropiación de tierras fiscales, y de territorios de comunidades originarias, poseedoras ancestrales, también recae responsabilidad a un hermano y al padre del Gobernador Urtubey, ya fallecido.
Sobre Rodolfo Urtubey padre, una comunidad originaria denuncio la intención de apropiarse irregularmente de 3.100 hectáreas de tierras fiscales en la finca Cerro Negro que los originarios manifiestan ser poseedores.

La maniobra de don Rodolfo para apropiarse de las tierras del fisco, según los originarios, radica en pedir a la Dirección General de Inmuebles en el expediente N° 29-743768 la anulación de los tres planos el N° 1903, 1904 y 1905 de Rosario de Lerma, obviando declarar sobre otros 20 poseedores de los terrenos ancestrales en los que viven puesteros y campesinos, que pretende prescribir a su favor.

Facundo Urtubey, hermano del Gobernador y titular de la Agencia de Promoción de la Provincia, también esta denunciado de apropiación de tierras fiscales, valiéndose en este caso de un vacío catastral para apropiarse de 1.036 hectáreas en el norte de la provincia. Facundo Urtubey se apropió y arrendo tierras fiscales que no tienen número de matrícula, ni cédula parcelaria en la Dirección General de Inmuebles.

Sobre la maniobra especulativa e ilícita, el hermano del Gobernador se conoció que este declaró en un expediente judicial, sobre juramento, que la firma SAN SRL que maneja su socio Sergio Mendoza tiene la posesión de las 1.036 hectáreas desde hace más de 20 años. Mientras en los registros públicos se documenta que SAN SRL se constituyó el 23 de diciembre de 1998.

Según denuncias públicas SAN SRL está arrendando por 50 mil dólares la cosecha a Hijos de Salvador Muñoz, con un contrato por tres campañas, en tierras fiscales.

El diputado Pedro Sández acusó a mediados del 2014, al exgobernador y actual Senador Nacional Juan Carlos Romero de “regalar entre amigos y funcionarios 400.000 mil hectáreas de tierras Fiscales y lo instó a presentarse en la Justicia”.

Justicia en deuda

La inacción de la justicia provincial, sobre denuncias de corrupción corporativa en las instituciones públicas que involucrarían a políticos de partidos tradicionales, realizadas por distintos referentes sociales, están ocasionando una escalada de violencia inusitada, agravada ahora, por asesinatos mafiosos. De no haber una pronta respuesta a la sociedad, por parte del poder ejecutivo y judicial, el camino a tener ciudades Juárez captadas por el narcotráfico y el crimen organizado en Salta, no estarían lejos.