La historia los condena como impulsores y ejecutores de la destrucción del estado de bienestar, cimiento del Estado y condición elemental en una sociedad organizada y equitativa, quebrantada durante la década del 90 en Salta por el peronismo y sus conductores en el ejecutivo que gobernaron la provincia de Salta en esos años.
Al igual que la dictadura de la década del 70, que dejo a miles de compatriotas asesinados y sus cuerpos desaparecidos, por solo pensar en un país inclusivo e igualitario, en la provincia de Salta se ejecuto un proceso de eliminación de trabajadores denominado “excedentes” afectando a unos cinco mil salteños que trabajaban en la administración pública, denominación establecida por mentes desquiciadas, quebrantando todo tipo de garantías individuales y de derechos humanos, como en la dictadura, dejando sin trabajo a miles de familias. Para ello se conformo un proceso represivo que trastoco la vida de todo una provincia.
Las concordancias con la dictadura, se enmarcaron en la exacerbación del modelo neoliberal, impuesto desde los Estados Unidos, que garantizaba el saqueo, hurto de los recursos naturales, y la entrega de las empresas estatales imponiendo valores de la sociedad capitalista en todos los ámbitos de la vida, fragmentando la sociedad y consolidando un modelo económico que acentuó el robo en beneficio de políticos inescrupulosos, que se enriquecieron con el dolor y la sangre de sus compatriotas, destinándolos, a vivir en la miseria.
Se debe tomar conciencia de que los gobiernos consecutivos del peronista Juan Carlos Romero, y sus obsecuentes seguidores, agrupados en un infinito padrón a detallar, fue un régimen autoritario que empleo los mas diversos mecanismos de represión organizada y sistemática dirigido por ex represores para acallar las voces en desacuerdo.
Los servicios públicos, la educación, y la salud se rigieron según criterios usureros y mercantiles. privatización, descentralización, autogestión y flexibilización fueron la restructuración en nuestra década infame del 90 en Salta.
Las represiones sobre población civil, que reclamaba trabajo, salud y educación, presentados ante la sociedad por los medios adictos al poder de turno como insurrectos al sistema democrático, descalificando el clamor de inclusión, con el objetivo de negar y manipular la información difundida a la opinión publica para convencer que reclamar por derechos constitucionales es un delito.
Esos crueles políticos, manchados con sangre, prolíferos ejecutores de un sistema foráneo, hoy gozan de los beneficios de un estado de bienestar que estos rompieron para sus compatriotas con políticas obsecuentes a intereses extranjeros. Estos mismos impresentables, son legisladores nacionales, consecuentes con su pasado saqueador y quebrantador. Hoy, estos inescrupulosos y oportunistas que solo pretenden en política resguardar sus intereses encubiertos en la defensa de los mas débiles, procuran seguir confundiendo a la opinión pública erigiéndose en defensores de derechos que fueran conculcados en el pasado por ellos, en la historia reciente de los salteños con memoria y sin olvido.
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