Sin sorteo: Escándalo por un barrio adjudicado a funcionarios y amigos del Gobierno

Cuatro presidentes del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta están involucrados en uno de los mayores escándalos de los últimos años en la provincia.

La inminente entrega de 74 casas del barrio Lomas de Medeiros, puso al desnudo una red de favores políticos y para los sectores más acaudalados de Salta.
Las casas, que están en su etapa final, serán entregadas a finales de este mes, pero los adjudicatarios, a diferencia de los casi 30 mil inscriptos en el IPV, no pasaron por sorteo alguno.
Además ninguna de las prohibiciones que pesan sobre los solicitantes de viviendas los alcanzaron.
En el listado, figuran empresarios, funcionarios de primera línea, finqueros, todos ellos con más de una propiedad, domicilios en otras provincias y de grandes recursos económicos.
La operatoria comenzó bajo la presidencia de Rubén Fortuny frente al IPV, durante la gestión de Juan Carlos Romero. Juan Manuel Urtubey designa frente al organismo a la arquitecta Adriana Krumpholz, quien asume el 10 de diciembre del 2007.
Las obras del barrio comenzaron en el 2009, poco después el cupo de casas aumentaron hasta llegar a las 74.

Krumpholz amplía la lista de beneficiarios
Entre ambos funcionarios adjudicaron más del 80% de las viviendas de Lomas de Medeiro. Con la llegada al IPV de Sergio Zorpudes, las obras se aceleran y se incluyen más personas. A su fugaz paso por el IPV le siguió Fernando Alesanco, quien además de incluir más funcionarios y amigos del gobernador, dictó la Resolución 039, del 4 de enero del 2013,que modifica parcialmente el artículo primero, punto 8 de la resolución reglamentaria IPV 031 del 25 de noviembre del 2010, que versaba sobre la posesión de bienes inmuebles de los inscriptos.
La nueva reglamentación dice expresamente que: “Ninguno de los integrantes del grupo familiar deberá ser titular registral de bienes inmuebles en todo el territorio de la Nación, ya sea como único titular ni como condómino. Se considerarán igualmente inhibidos los usufructuarios de bienes inmuebles”.
La normativa eliminó a cerca de diez mil inscriptos, algunos con más de 20 años, en el IPV, quitándole toda posibilidad de acceder a una vivienda estatal.

Fuente: El Intransigente.