Sindicato de Prensa de Salta repudió el intento de crear un registro obligatorio de comunicadores

La iniciativa presentada por el diputado Gustavo Orozco propone que toda campaña o mensaje masivo en Salta deba ser firmado por un profesional matriculado.

Una nueva iniciativa legislativa en Salta volvió a encender las alarmas entre trabajadores y trabajadoras de prensa. El diputado Gustavo Orozco (Cambia Salta – Rosario de la Frontera) presentó un proyecto que propone crear un Registro Provincial de Profesionales de la Comunicación, con la particularidad de que haría obligatoria la firma de un profesional matriculado para cualquier contenido comunicacional —público o privado— que se difunda de forma masiva en el territorio provincial.

El proyecto establece que solo podrán inscribirse en el registro quienes cuenten con títulos terciarios o universitarios en carreras afines, como Comunicación Social, Periodismo, Publicidad, Locución, Diseño en Comunicación Visual, entre otras.

La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Gobierno o el organismo que este designe, y los profesionales registrados tendrían responsabilidad legal sobre los contenidos que validen.

También se prevé la posibilidad de percibir honorarios por esta tarea, además de sanciones administrativas y económicas para quienes difundan campañas sin cumplir con este régimen.

Sin embargo, el Sindicato de Prensa de Salta (Sinpresal) expresó un enérgico rechazo al proyecto, al que consideró “una nueva forma encubierta de colegiación obligatoria” y un intento de regular la libertad de expresión en contra de lo establecido por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Fernando Díaz, secretario general del gremio, no dudó en calificar la propuesta como “vergonzosa” y sostuvo que “es un claro ejemplo de los avances contra la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 12.908 que regula el Estatuto del Periodista Profesional”.

Además, remarcó que el artículo 14 bis de la Carta Magna garantiza el derecho a trabajar y expresarse libremente, sin censura previa. “Este proyecto, desde su base, no tiene razón de ser, habida cuenta que en Salta no existe un Colegio Profesional habilitado para ejercer la matriculación. Pretender condicionar la difusión de ideas a una firma es censura encubierta”, denunció Díaz.

El antecedente inmediato remite al año 2022, cuando el senador por La Caldera, Miguel Calabró, presentó una iniciativa similar que pretendía avanzar con la colegiación obligatoria de periodistas y comunicadores.

Aquel proyecto fue desestimado tras un amplio rechazo por parte de profesionales, organizaciones del sector y entidades como ADEPA, que lo consideraron un intento de limitar la libertad de prensa.

En esa misma línea, desde el Sinpresal advirtieron que el nuevo proyecto de Orozco no solo contradice el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a publicar ideas sin censura previa, sino que también vulnera el artículo 32 —que prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa—, y el artículo 75 inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13), pilares en la defensa de la libertad de expresión.

El proyecto aún debe ser debatido en las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados, pero desde el gremio dejaron en claro que no permitirán retrocesos en derechos conquistados. “La comunicación no puede estar sujeta a controles estatales o condicionada por criterios formales. La libertad de expresión se defiende todos los días”, concluyó Díaz.

Por último, remarcó que el legislador rosarino no solo incluye en su proyecto a comunicadores, sino que va más allá e intenta descabelladamente sumar a locutores, diseñadores y profesiones afines.

Fundamentos de Orozco

El proyecto, que debe debatirse en las diversas comisiones, se fundamenta en la relevancia que tiene la comunicación en la construcción de una sociedad informada y participativa.

Orozco advierte que, sin embargo, “existe una preocupante ausencia de regulación respecto al ejercicio profesional de la comunicación, permitiendo que personas sin formación adecuada diseñen, implementen y difundan contenidos de relevancia pública”.

Expresa que esa circunstancia “no solo afecta negativamente la calidad y ética de los mensajes emitidos, sino que también perjudica directamente a quienes han invertido tiempo y recursos en formarse profesionalmente en áreas como comunicación social, periodismo, publicidad, locución, y disciplinas afines”. Apunta que ” el proyecto busca establecer un marco legal que reconozca formalmente a los profesionales en comunicaciones (n.d.)
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