Tiene cáncer, vive en Talavera y su tratamiento cuesta $9 millones: La Justicia obligó a Nación a entregarle el medicamento en 24 horas

El Estado nacional no respondió a tiempo, pero un amparo judicial presentado por su abogada logró una sentencia urgente que le garantiza el acceso al tratamiento que podría salvarle la vida. Este caso evidencia cómo la Justicia puede intervenir con rapidez cuando quien debería responder no lo hace.

Héctor Gabriel Domínguez, de 37 años, fue diagnosticado con cáncer medular de tiroides en estadio IV con metástasis pulmonar y ganglionar.

Vive en la localidad anteña de Talavera, en el sur de Salta, y depende de una pensión previsional. Realiza su tratamiento en el Hospital Oñativia. No tiene obra social, y el medicamento que necesita para continuar con su tratamiento —Cabozatinib 60 mg (Bozatinix)— cuesta más de 9 millones de pesos.

A pesar de múltiples pedidos y gestiones ante el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), nunca obtuvo respuesta. La única caja que recibió la terminó en abril. Pasó un mes sin tratamiento, hasta que su abogada, Miriam Medina, con la colaboración de Silvia Díaz Cordero, presentaron un amparo en la Justicia Federal.

En apenas 24 horas, el Juzgado Federal N°1 de Salta a cargo de Julio Bavio, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que el Programa Incluir Salud entregue el medicamento de forma inmediata.

“El 6 de marzo le entregaron una caja, la comenzó el 10 de abril y la terminó el 30. Desde ese día quedó sin tratamiento. Recién el 29 de mayo, casi un mes después, gracias al amparo y las intimaciones, le entregaron una nueva dosis”, explicó a InfoSalta la abogada Medina.

Miriam, es una abogada nacida en el departamento Anta. Se formó en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en Derecho de la Salud, pero no se olvida de sus raíces, sigue acompañando a los habitantes de su pueblo con el compromiso de siempre.

En la resolución, el juez Bavio señaló que “el caso reunía los requisitos para una medida cautelar innovativa, al tratarse de un paciente en situación de extrema vulnerabilidad, sin cobertura de salud, con un diagnóstico grave y un tratamiento de alto costo que le era imposible afrontar”.

“La entrega oportuna de la medicación resulta fundamental para la continuidad del tratamiento. El derecho a la salud, derivado del derecho a la vida, tiene jerarquía constitucional”, expresó el magistrado en su fallo, y advirtió que, de no cumplirse lo ordenado, se aplicarían sanciones por desobediencia judicial.

El amparo se tramitó bajo el expediente 5642/2025 caratulado “Domínguez, Héctor Gabriel c/ Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE) y Otro s/ Amparo Ley 16.986”.

Además, Bavio ordenó la entrega inmediata del medicamento, autorizó el transporte del paciente desde Talavera a Salta y dispuso que se garantice toda otra prestación médica necesaria.

“Este medicamento cuesta $9.275.425,90. Si no se acciona de inmediato, Héctor corre riesgo de muerte”, señaló la abogada del paciente en la presentación judicial.

En su fallo, el juez remarcó que el Estado tiene obligaciones constitucionales y convencionales en materia de salud, y que las dilaciones burocráticas son incompatibles con un derecho humano esencial.

La sentencia también contempla que, si los organismos públicos no proveen el fármaco en tiempo y forma, el paciente podrá adquirirlo de manera privada y el Estado deberá reembolsarle los gastos.

Este caso fija un precedente para cientos de personas que atraviesan situaciones similares en la provincia. La velocidad con la que actuó la Justicia Federal marca un contraste con la lentitud estructural de los programas de salud estatales. (Infosalta)