Todo o nada

La ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia ha inaugurado un sistema de participación que, por novedoso en estas tierras, merece algunas consideraciones. Antes, debe quedar en claro que la decisión gubernamental constituye un auspicioso complemento de la manda constitucional que exige la idoneidad como presupuesto para acceder a los cargos públicos.

La publicidad de los antecedentes personales de los postulados y la apertura de un período de avales o impugnaciones luce como una mejoría luego de que la nocturnidad y el hermetismo senatorial aprobaron durante la década anterior, sin mayor consulta, el ingreso de algunos funcionarios y magistrados de escaso lustre y con perfil obediente que los ensambló al oficialismo para borrar fronteras entre los tres poderes. Los miembros de la Auditoría General y la Corte de Justicia transitaron por un tamiz benévolo que disimuló la carencia de antecedentes habilitantes. Pagaron el espaldarazo con porciones mensuales de honestidad intelectual y, sin mayor pudor, se tornaron en complacientes del gobierno entrante.

La devaluación institucional, por pocos discutida, impuso la reformulación del control de los actos de gobierno en cumplimiento de las promesas electorales. Originariamente concebido para un estadio posterior, el contralor avanza en la cronología de las decisiones públicas hasta la instancia de la gestación y aún así no logra erradicar las dudas. En el caso de las designaciones en cargos gravitantes ya no existe confianza plena en la denominada “Cámara Alta”. Hay un antes y un después de noviembre de 2.007, cuando Juan Carlos Romero postuló para integrar el tribunal superior al abogado Gustavo Ferraris y se le dio acuerdo senatorial en menos de 24 horas.

Esa sesión permitió al ciudadano común sopesar la profundidad de la crisis moral por la que atraviesa la democracia salteña. También, abrió para el nuevo gobierno una puerta que a seis meses del ingreso lo conduce a la contradicción. La justicia transita por una instancia decisiva que prevé la intervención del Poder Ejecutivo en el amparo interpuesto por el Colegio de Abogados de Salta para que se anule la designación de Ferraris y que trata -con venda caída y fiel de balanza inclinado- la Corte de Justicia. Las versiones más confiables anticipan que el Fiscal de Estado, representante del gobernador en ese juicio, se opondrá a la demanda y expondrá sin recato los compromisos asumidos durante la transición con Juan Carlos Romero.

El ascenso del ex Secretario de Seguridad a esta cúspide también se debe a contribuciones de actores judiciales de menor rango. Un juez de instrucción se encargó de sobreseerlo de la responsabilidad que se le adjudicaba en el violento desalojo del asentamiento “San Expedito” –que ayer cumplió un año como hecho impune- y una fiscal ingresó su apelación cinco minutos después de vencido el plazo legal. Una vergüenza de la que nadie se ocupa.

El 13 de Febrero de este año Urtubey se autolimitó en sus atribuciones y estableció un proceso participativo mediante el dictado del Decreto 617/08. Invocó que a la hora de elegir a nuevos ingresantes debía considerarse lo atinente a la diversidad de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional; integridad moral y a la idoneidad técnica; y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que el o los postulantes deben reunir.

Los considerandos del decreto también abundaron sobre la posibilidad de que los propuestos pudieran acreditar trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados, el cumplimiento de deberes éticos fundamentales que hacen a la función pública y obligaciones impositivas y alimentarias.

La grandilocuente redacción de la norma parece colisionar con su aplicación concreta en el caso inaugural. Nadie puede discutir la discrecionalidad del mandatario en la propuesta. Sin embargo, lo que no se advierte en el gobierno es la propensión a analizar eventuales cuestionamientos, que por graves, merecerían siquiera prudencia a la hora de considerarlos. Precisamente, el plazo de exposición pública por quince días tiene por finalidad consolidar la postulación o provocar la declinación, en tanto los avales e impugnaciones contribuyen a que el gobernador madure su criterio.

De manera preocupante surgieron sobre el final de semana versiones que indicaban que antes de que se venza el plazo el Poder Ejecutivo iba a remitir el pliego del pretendido nuevo miembro al senado provincial para que lo trate en la sesión del próximo jueves. Desde el Ministerio de Justicia también se presionaba para que en la misma sesión se aprobara la ley que fija en siete el número de miembros de ese tribunal.

Nadie conoce las urgencias del oficialismo que lo conducen a sacrificar la prolijidad del proceso selectivo, pero poco contribuye a la mejoría del tercer poder. Ha provocado inocultable molestia las críticas de las organizaciones de derechos humanos y que notables como el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel dirijan su atención hacia nuestra provincia para señalar que hay colisión entre la sobreactuación del progresismo y la postulación de un magistrado que, entienden, criminalizó la protesta social e intentó tocar impúdicamente los archivos de la CONADEP para favorecer al abogado personal del ex gobernador Romero.

Otros medios periodísticos han ventilado que dos causas disciplinarias se tramitan en su contra en el Consejo de la Magistratura de la Nación por pedido de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. La tercera investigación que lo sospecha le imputa la violación de los fueros de un legislador y fue solicitada por decisión unánime de la Cámara de Diputados con mayoría de urtubeystas. Acaso la responsabilidad podría llevar al ministro del área de Justicia a requerir estos antecedentes para digerirla en la forja de una decisión responsable?

La mano política ha vuelto a contaminar los estamentos judiciales y es sugestivo que el Consejo Consultivo Judicial fuera convocado para diseñar reformas procedimentales y emitiera un primer dictamen que fijó como tema prioritario el número de jueces de corte. Frente a tantas caras que presenta la crisis judicial, la decisión apareció como operada por cirujanos oficialistas que gustan de copar hasta la degradación a órganos que integran con voluntades predispuestas y luego venden como plurales. Nadie dijo que el propio Urtubey había derogado la norma por la que Romero fijó el número en cinco y que había creado la incertidumbre apenas unos meses antes.

Antes de que ingresara el proyecto que propicia que sean siete los cortesanos, ingresó el pliego del sexto miembro que, de ser nombrado, colocaría al tribunal en situación irregular en tanto la Constitución exige un número impar. Para Urtubey esta observación es desopilante –así la calificó en un medio televisivo- pero lo cierto es que mientras no haya ley no existirá vacante a cubrir que otorgue legalidad a la integración con un número par. Cuando en los ´90 Menem elevó a nueve los miembros de la Corte Suprema fue más prolijo y designó a sus adictos en un solo acto. En la Salta de las imperfecciones institucionales este tampoco es un argumento de peso.

En la secuencia posterior el oficialismo buscó devaluar las opiniones divergentes y exageró la importancia de los avales cuando el decreto que concibieron le exige al gobernador que haga mérito de todas las opiniones arrimadas para abonar la elevación u optar por el desistimiento. Casi como si se tratara de una fórmula aritmética, Urtubey sostuvo a mediados de semana que son más los avales que las impugnaciones presentadas, anticipando su decisión de confirmar la moción pase lo que pase. Tal vez sea este el motivo por el cual rebatió los argumentos de quienes cuestionaron la preselección de un magistrado polémico.

En el verano los padres del decreto pregonaron que era importante contar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos; y los ciudadanos en general. Salvo la Universidad Católica, que tiene entre sus docentes al postulado, el resto se abstuvo o planteó la negativa. A pesar de la indiferencia o el rechazo, nada indica que el gobierno retroceda y muchas son las señales que ponen al descubierto el perfil soberbio que le permite borrar con el codo lo que escribió con la mano. Por el contrario, entiende que el retiro de la candidatura de Cornejo podría interpretarse como una derrota inadmisible y, por ello, en cada instancia juega al todo o nada.